Según explicó a la prensa Maritza Maestre, del Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de la Dictadura Militar en Panamá, Héctor Gallego, en más de 20 años todavía no se ha sancionado a nadie y se incumplen con las indemnizaciones.
En ocasión este martes del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instituido por Naciones Unidas, Maestre denunció que su tío fue uno de las personas cuyo paradero se desconoce y hasta la fecha el hecho ha quedado impune.
También señaló que en comparación con otros países de la región, donde hubo dictadura y se establecieron procesos penales, en el istmo poco se ha avanzado en materia de justicia hacia las víctimas y familiares.
“Sigue el silencio cómplice, la impunidad y la situación de que el Estado no trata este tema como debe ser”, consideró.
De otra parte indicó la falta de voluntad del actual gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de reconocer un acuerdo firmado en 2019 durante la gestión de Juan Carlos Varela con los miembros del Comité.
En junio pasado, la Contraloría General de la República informó que refrendó la indemnización, contenida en el caso 13.017-C de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los familiares de las víctimas de la dictadura militar de octubre 1968 a diciembre de 1989, asociados al Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de la occidental provincia de Chiriquí.
En Panamá, al menos 116 casos de personas asesinadas y desaparecidas –en su mayoría nacionales– quedaron documentados por una Comisión de la Verdad en 2002.
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (firmada por 96 países y ratificada por 57), declara el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a celebrarse en 2011.
