En entrevista con el periódico local The Sunday Times, el director del cuerpo anticrimen, Graeme Biggar, aseveró que oficiales europeos vigilan la venta de granadas, pistolas y metralletas en un posible efecto búmeran negativo del conflicto con potencial letal.
Biggar aseveró que ha discutido esta potencial amenaza con la jefatura de la policía ucraniana, como sucedió tras los conflictos balcánicos que derivaron en la desintegración de Yugoslavia en la década de 1990. A pesar de haber recibido garantías del jefe de la policía nacional ucraniana de que las armas occidentales están siendo contabilizadas, dijo que Europol y otros organismos europeos encargados de la aplicación de la ley están “todos atentos a esto”.
“Al final del conflicto hay remanentes de armas que llegan a manos de criminales o terroristas”, reconoció Biggar.
Los socios occidentales de Ucrania han admitido que no pueden rastrear la mayoría de sus envíos de armas una vez que entran en el país, y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, declaró el mes pasado que hasta 1.000 millones de dólares de estas armas se canalizan desde Ucrania a criminales y grupos terroristas en Oriente Medio, África y el sudeste asiático cada mes.
“Los países de la OTAN (…) continúan bombeando al régimen de Kiev con armas, municiones, le suministran inteligencia, entrenan a los soldados de Kiev, proporcionan orientación sobre la conducción de las hostilidades, acercándose así a la peligrosa línea de la confrontación militar directa con Rusia”, afirmó Zajárova durante una rueda de prensa.
Graeme Biggar reconoció que por ahora no hay evidencia de la venta de armamento a grupos criminales, sin embargo, la NCA ha operado 85 maniobras anticriminales desde febrero de 2022.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha advertido en repetidas ocasiones que al enviar decenas de miles de millones de dólares en armas a Ucrania, Occidente se está convirtiendo en un participante de facto en el conflicto.
