Japón quiere convertirse de nuevo en una gran potencia militar. Para rearmarse ha modificado su Constitución y ha aumentado su gasto en defensa desde hace diez años sin interrupción.
El Partido Liberal Democrático, al que pertenece el actual primer ministro, Fumio Kishida, propuso duplicar el gasto militar en las elecciones legislativas de octubre del año pasado.
Sin embargo, la promesa electoral aún no se ha cumplido. El Ministerio de Defensa ha solicitado un aumento de sólo el 2 por cien de su presupuesto para el año que viene: unos 40.000 millones de euros.
Pero Kishida está empeñado en romper una regla adoptada tácitamente por toda la oligarquía japonesa en los años setenta, que establece que el gasto militar del no debe superar el límite del 1 por cien del PIB.
A principios de este mes, Kishida prometió reforzar las potencia militar de Japón, incluidas la naval. “Vamos a acelerar los debates realistas sobre lo que se necesita para defender a nuestro pueblo con todas las opciones sobre la mesa”, dijo, antes de subrayar la urgencia de la situación política internacional.
El lunes, tras una reunión con Fushida y el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, el ministro de Defensa de Japón, Yasukazu Hamada, confirmó el objetivo de aumentar el gasto militar del país hasta alrededor del 2 por cien del PIB, siempre con los mismos pretextos de inseguridad y conflictividad internacionales.
“Debemos aumentar urgentemente el gasto en defensa en cinco años”, dijo. Las previsiones son las de superar los 80.000 millones de euros en 2027.
Sin embargo, Japón está endeudado hasta las cejas y necesitará recortes y aumentos de impuestos para financiar un esfuerzo de guerra sin precedentes. El gasto militar va a caer en los bolsillos de la industria estadounidense, pero -al menos en parte- también va favorecer a los grandes monopolios japoneses.
