Escuchamos estos días en todos los medios de comunicación de masas del sistema, al unísono, que se ha conseguido desbloquear el Tribunal Constitucional logrando una “mayoría progresista” en este órgano, a pesar de las artimañas de los conservadores.
Una crisis de la superestructura del sistema capitalista en el Estado español, que ha puesto de manifiesto que las leyes burguesas son papel mojado ya que 4 magistrados del Tribunal Constitucional han estado más de 6 meses ejerciendo con el mandato expirado.
Un órgano, este, que es totalmente dependiente de los poderes del Estado, pues son ellos quienes proponen a sus doce miembros integrantes: 4 son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, el intérprete supremo de la Constitución, es en definitiva el propio Estado. Una Constitución fascista en la que prima la economía de mercado, es decir, el capitalismo por encima de todas las cosas (artículo 38), incluido el bienestar del pueblo. Y un Estado que atacó al pueblo Catalán en 2017, fletando barcos comerciales para llevar a sus cuerpos de represión a Catalunya para reprimir al pueblo y negar su derecho a la autodeterminación, que ha creado y mantenido a ultranza la ley mordaza, que permite una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores entre un 6% y un 9% -dependiendo del sector- debido a la inflación, que permite que casi 4.000 personas se suiciden en España en 2021 (un 7,1% más que en 2020) siendo el suicidio desde 2008 la primera causa de muerte externa, por encima de los accidentes de tráfico…
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Referéndum del 1 de octubre en Catalunya siendo el derecho de autodeterminación un principio fundamental del derecho internacional y de carácter inalienable. Sin embargo, no se declaran inconstitucionales los desahucios pese a que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución.
No hay nada de progresista en la recomposición de un órgano abiertamente reaccionario, como lo son todos en el Estado español, porque al capitalismo ya no le sirve ni la más mínima sombra de progreso para mantenerse vivo. La crisis de todas las instituciones de la superestructura es el reflejo de la crisis de la base económica, del capitalismo en su conjunto, que no hace más que negarse a sí mismo, y cada día más, con su apuesta por la automatización, ya propia del Socialismo.
La clase trabajadora no puede pensar que un cambio de caras en el Tribunal Constitucional, por más que los medios de manipulación de masas se empeñen en disfrazarles de progresistas, puede solucionar ninguno de sus problemas. El proletariado sólo puede pensar ya en tumbar este sistema capitalista moribundo y crear el suyo propio, construyendo el Socialismo.
Un Socialismo que destruya todos estos órganos reaccionarios y represivos como son el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional o la propia Constitución y crear las suyas propias. Una nueva Constitución, que albergue todas sus aspiraciones y anhelos políticos, que refleje políticamente el cambio de propiedad de los medios de producción y que ponga las bases de la organización del poder popular que consolide la dictadura del proletariado.
Y es en este sentido en el que el proletariado debe organizarse hoy para cumplir su misión histórica: emanciparse como clase de las cadenas del capital. Solo con la organización del pueblo bajo sus propios órganos de poder y bajo la dirección del Partido comunista se podrá construir el Socialismo que acabe con la miseria de hoy y nos permita vivir la vida que nos merecemos.
¡Socialismo o barbarie!
Comité Ejecutivo del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.)
