El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, anunció, en días anteriores, que se abriría nuevamente el debate y la posibilidad de una mesa de diálogo para la elaboración de un nuevo Código de Trabajo, cuya discusión se encuentra congelada desde 2021. Cabe recordar que el Frente Unitario de Trabajadores entregó una propuesta democrática de Código de Trabajo en octubre de 2021, que difiere de la política neoliberal y antiderechos que el gobierno de Guillermo Lasso promueve.
Más de un año ha transcurrido desde que el FUT presentó el proyecto de Código Orgánico Integral de Trabajo a la Asamblea, con la participación de las centrales sindicales; la presidenta de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, Rina Campain, intentó que no se discuta la propuesta de Código en el plazo correspondiente para que se archive el proyecto e incorporar la política neoliberal del gobierno. Por ello, la dirigencia sindical realizó varias gestiones para solicitar a la Asamblea extienda el plazo para que la Comisión presente el informe para primer debate. El Pleno ha concedido 90 días más a la Comisión, de tal manera que en marzo de 2023 se debata el nuevo código que rija las relaciones laborales en Ecuador.
Mientras esto sucede, la Asamblea debe resolver la objeción a la Ley de Economía violeta, pues si se allana a lo planteado por el Ejecutivo, entraría en vigencia para beneficiar a las grandes empresas; continúan los intentos de Lasso de incorporar medidas de flexibilización laboral en las nuevas contrataciones, beneficiando a la burguesía, al empresariado y a la banca con estas modalidades; y, finalmente, pretenden llevar a consulta popular las reformas al Código de Trabajo, para continuar con su política antiobrera.
Para José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), los intentos del gobierno y el Legislativo sostienen una línea neoliberal en su política, en la que es evidente el beneficio que obtendrán los empresarios y la banca, que tuvo una cifra récord de ganancias en el año 2022. La institucionalidad corrompida del Estado se alinea con esta política y busca, a través de la flexibilización laboral, la creación de fuentes de empleo sin garantizar los derechos individuales y colectivos de la trabajadores.
Frente a estas propuestas antiobreras, impulsadas desde las altas esferas del poder para beneficiar a sus grupos económicos, es menester la participación consciente de los trabajadores en el debate y la movilización para defender el nuevo Código de Trabajo con una visión integral, que reconozca un salario digno, beneficios sociales, seguridad social, libertad de organización, entre otros derechos de la clase obrera.
Como primeras acciones, la UGTE realizará su décimo segundo Consejo Nacional el viernes 13 de enero de 2022, para discutir la situación política nacional, analizar la problemática del Código de Trabajo presentado a la Asamblea Nacional, la Seguridad Social, la posición y participación de los trabajadores en las elecciones de nuevas autoridades seccionales, miembros del CPCCS y la consulta del presidente Lasso. El sábado 14 de enero, el FUT realizará la Convención Nacional de organizaciones sindicales y populares, en la que se discutirá la defensa del IESS y de cómo enfrentar al gobierno en la consulta mañosa.
El año 2023 tendrá como tarea fundamental la defensa del seguro social y el nuevo Código de Trabajo con la participación de los trabajadores y trabajadoras, como derechos primordiales de la clase obrera del país. Así, con la movilización y la lucha, el gobierno no podrá llevar a cabo sus políticas neoliberales y antiobreras.
