El crudo derramado, equivalente a casi 12 000 barriles de petróleo, no solo contaminó el mar de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay, sino también a más de 50 000 peruanos que vivían del comercio y otros negocios costeros. Hasta la fecha, la petroquímica española enfrenta siete procesos administrativos sancionadores por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y aunque en su momento hizo una limpieza a las zonas afectadas, según reportes, los daños ambientales aún persisten.
No solo varias playas continúan cerradas, sino también miles de peruanos se quedaron sin trabajo ante la falta del comercio costero. Sin embargo, aunque los daños ambientales aún son visibles, la empresa petroquímica de España no se hace cargo de las consecuencias, pues si bien afirma a través de sus reportes que limpió todas las zonas afectadas, estos estudios no tienen validez legal debido a que fueron hechos por el mismo Repsol, la petrolera infractora.
Además de los procesos administrativos de la OEFA contra Repsol, los mismos pescadores han denunciado a la petrolera y al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque varios reportes indican de que el mar peruano aún presenta rastros de petróleo, Repsol insiste en afirmar que la limpieza de playas que realizó eliminó todo el crudo derramado.
A pesar de que Repsol ocasionó uno de los peores desastres ambientales en Perú, no recibirá una sanción económica 6, pues el Tribunal de Fiscalización Ambiental falló a su favor y lo liberó de pagar más de 1 millón de dólares de multa.
Aarón Rodríguez; Lima
