«El juez Israel Claros autoriza el inicio de investigación penal contra exsenadora Jeanine Áñez por la Masacre de Huayllani [Sacaba], por los delitos de genocidio y asesinato en la vía ordinaria. El derecho a la verdad es fundamental para las víctimas», indicó, según la nota de prensa difundida por el Ministerio de Justicia.
Áñez asumió la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en medio de una crisis política en la que el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) fue presionado por cívicos, policías y militares para renunciar al cargo y refugiarse en México.
El 15 de noviembre de 2019, una marcha de manifestantes contra el Gobierno de facto intentó llegar a la ciudad de Cochabamba (centro), pero fue frenado por los militares y policías, que amparados en el decreto 4.078 que los eximía de responsabilidades, reprimieron a los marchistas causando 10 muertos y 36 heridos.
La Fiscalía boliviana investigará a Áñez por los delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa. En contrapartida, la defensa legal de Áñez argumenta que le corresponde un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como a cualquier exprimera autoridad del Estado.
La Justicia boliviana ya sentenció en un primer caso a Áñez a 10 años de cárcel, en junio de 2022, por delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del Estado durante su proclamación en noviembre de 2019.
