Han tenido que pasar 39 años para que las familias de José Mari Izura, Pedro Mari Isart, Rafael Delas y Dionisio Aizpuru tengan un documental oficial que acredita lo que siempre tuvieron claro: que los cuatro activistas de los Comandos Autonómos Anticapitalistas fueron víctimas de una «ejecución extrajudicial» por parte de la Policía española el 22 de marzo de 1984 en la bahía de Pasaia.
El informe, al que ha tenido acceso NAIZ, ha sido realizado por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UPV-EHU, por encargo del Gobierno de Lakua. En realidad, lleva fecha de marzo de 2020 pero no ha sido entregado a las familias hasta ahora. Una decisión que ha explicado, haciendo también algo de autocrítica, el actual viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz.
Su conclusión tras analizar todos los datos sobre lo ocurrido aquella noche (autopsias, testimonios, características del operativo policial, falta de resistencia de las víctimas…) y tras detallar la falta de investigación posterior es la siguiente: «Se acumula un conjunto de presunciones de hecho que milita abrumadoramente a favor de una operación policial que escala a ejecución extrajudicial».
*Las pruebas: 113 orificios de bala
La versión oficial alegó un enfrentamiento armado. Fue sostenida por el gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga, y por el jefe de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo (ambos condenados década y media después por el secuestro y muertes de Lasa y Zabala). Frente a ella, la realidad constatada desde el primer momento es que los militantes vascos no realizaron disparos mientras que sus cuerpos aparecieron masacrados.
Este informe detalla, citando las autopsias que hizo entonces Paco Etxeberria, 36 orificios de bala en el cadáver de Dionisio Aizpuru «Kurro»; 28 en el de José Mari Izura «Pelu»; otros tantos en el de Pedro Mari Isart «Pelitxo»; y 21 en el de Rafael Delas «Txapas». Pertenecían a diferentes tipos de munición y proyectiles, incluidas postas, munición de caza entonces prohibida.
Para Elgorriaga, la Policía se limitó a «repeler la agresión», pero un testigo directo confirmó que no hubo «voces de alto ni tiros hasta las ráfagas de los GEOs (…) Está claro que les esperaban, pero lo hicieron con mucha discreción».
*La inacción judicial
Las irregularidades judiciales se constataron desde el minuto uno. Este estudio refiere que comisión judicial solo intervino en el levantamiento de uno de los cadáveres en el lugar, y que los otros tres aparecieron directamente en el Instituto Anatómico Forense.
Las primeras diligencias se cerraron ya para julio de 1984, apenas cuatro meses después de los hechos. Y el caso no se reabrió hasta el año 2000, por iniciativa de la acusación particular a la que se unió luego el Ayuntamiento de Azpeitia. Desde entonces, múltiples idas y venidas pero con un denominador común: la imposibilidad de identificar a los policías que participaron en la operación.
El informe de la Cátedra Unesco de la UPV/EHU es contundente al respecto: «De los hechos que se han expuesto se desprende con nitidez la ausencia de una investigación judicial efectiva, así como la absoluta falta de depuración de responsabilidades políticas…
