El Club de Prisioneros reportó en un comunicado que mil 132 personas, incluidos 18 menores, están encerrados bajo esa norma, utilizada para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
La Organización no Gubernamental alertó que esa es la cifra más alta en las últimas dos décadas.
Precisó que el 80 por ciento de ellos ya pasaron por cárceles israelíes en anteriores ocasiones.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa medida inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
La decisión de poner a un palestino bajo detención administrativa la adopta el comandante militar regional sin acusación ni juicio, criticó recientemente el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem).
“Según la ley militar que se aplica en Cisjordania, una persona puede ser detenida administrativamente durante seis meses, pero la orden puede prorrogarse, por lo cual la reclusión en la práctica es indefinida y los detenidos nunca saben cuándo serán liberados”, cuestionó.
