La Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T) y la Autónoma (CTA-A), y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron que se suman a marchar junto a la CGT el próximo miércoles hacia Tribunales para pedir la inconstitucionalidad de las nuevas medidas del presidente Javier Milei.
«El miércoles vamos a entregar un pedido de inconstitucionalidad del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y, a su vez, presentar un amparo para suspender sus efectos en su totalidad», anunciaron las organizaciones en una conferencia de prensa..
«El viernes 29 de diciembre nos reuniremos en asamblea a fin de resolver si vamos a un paro general y el plan de lucha», añadieron.
El miércoles próximo en la sede de los Tribunales de Plaza Lavalle, donde está la Corte Suprema, las centrales sindicales reclamarán la derogación del DNU. Ese mismo día, los sindicalistas harán efectivas sus presentaciones judiciales y amparos contra las medidas que impulsó el Gobierno.
La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina convocó de urgencia a sus principales directivos para debatir un plan de lucha para rechazar el megadecreto de Milei que modificó, entre numerosas cuestiones, la legislación laboral y el sistema de salud
Por otra parte, el Juzgado Federal de la ciudad de Buenos Aires aprobó el amparo colectivo presentado esta semana contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU), anunciado por el presidente de Argentina, Javier Milei.
La presentación fue hecha por el economista Claudio Lozano de Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Reclaman una medida cautelar que suspenda los efectos y la vigencia del DNU con el que Javier Milei pretende desregular la economía y el mercado de trabajo.
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, a cargo de Esteban Furnari, admitió el amparo y ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos, según el texto de la resolución
En ese sentido, quedó plasmado que el colectivo son todos aquellos habitantes afectados por el DNU 70/2023 y que buscan que sea declarado inconstitucional –lo mismo que la ley que regula el trámite de los decretos.
En su resolución, Furnari dejó en claro que esta decisión no significa «abrir juicio sobre la admisibilidad formal del amparo o su procedencia» y, por ende, le corrió vista al fiscal para que se expida acerca de la competencia del fuero para tramitar la presentación.
teleSur / Correo del Orinoco