La República Bolivariana de Venezuela rechazó este sábado, de manera categórica, una decisión de la fiscal federal argentina de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (Digcri), Diego Solernó, que prolonga el secuestro de una aeronave de Emtrasur, ilegalmente retenida en la nación suramericana desde junio de 2022 a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Cancillería venezolana denunció que el Estado argentino continúa violando de manera sistemática compromisos asumidos tras suscribir convenios internacionales.
Entre ellos mencionó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el Convenio de Viena sobre el Derechos de los Tratados, la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, y otros relativos a la Navegación Aérea Internacional y Derechos Humanos.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, la decisión de la Fiscal Federal Argentina de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (DIGCRI),… pic.twitter.com/3Tnd4zHZYp
— Yvan Gil (@yvangil) December 30, 2023
La declaración emitida por la Cancillería venezolana recordó que “la Comisión de Derecho Internacional y la doctrina reconocen que el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, proceso de Codificación del Derecho Internacional, es fuente autónoma de la disciplina, según lo prevé el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional y, por tanto, no se aplica el tratado suscrito entre Estados Unidos de Norteamérica y Argentina”.
Aseguró que la “la justicia argentina pretende desconocer el contenido del artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que establece la prohibición de paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes”.
Asimismo, cuestionó que luego de probarse en un juicio lleno de arbitrariedades -a tenor del ordenamiento jurídico nacional- el cumplimiento por la tripulación, la aeronave y la carga de las normas internacionales para la navegación aérea y de las leyes argentinas, la justicia de este país pretenda aplicar “un Tratado (bilateral) de Asistencia Jurídica Internacional entre la República Argentina y Estados Unidos de Norteamérica, que no puede ser aplicado a un tercer Estado”.
Explicó que ello entraría “en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales cono los anteriormente mencionados y donde la República Argentina, Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela tienen compromisos adquiridos y procedimientos para resolver este tipo de controversias”.
Venezuela solicitó a la República Argentina “la inmediata devolución de la aeronave que solo puede volar bajo autorización expresa de la República Bolivariana de Venezuela, a la cual pertenece”.
Anunció que, de conformidad con el Derecho Internacional que le asiste, “recurrirá a las instancias internacionales que correspondan por este nuevo atropello que, a todas luces, denota parcialidad, discriminación, desconocimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, conducta inamistosa y carente de la más elemental cortesía”.
La aeronave de Emtrasur (filial de la aerolínea bandera Conviasa), un aparato Boeing 747-300, con gran capacidad de carga, permanece secuestrada en Argentina desde junio de 2022.
Un juez argentino, Federico Villena, determinó que no había pruebas para vincular al aparato, su tripulación y la carga a bordo a operaciones terroristas, como inicialmente se señaló a pedido del Departamento de Justicia de EE.UU.
Venezuela ha denunciado reiteradamente que, a pesar del sobreseimiento de la causa, la aeronave sigue retenida ilegalmente en Argentina por interés de la Casa Blanca.
