Cristian Ferrer (Nuevo Rumbo).— En el entramado de la legislación laboral española, los contratos fijos discontinuos han emergido como una aparente solución para la estabilidad laboral. Sin embargo, lo que encierran estos contratos son largos periodos de temporalidad oculta y de precariedad en un contexto de incremento del coste de vida. De esta forma, los cantos de sirena que desde el Gobierno se están elaborando a favor de este tipo de contratos y de la reforma laboral esconden una cruda realidad, si analizamos los efectos que tienen y que suponen la institucionalización del trabajo a demanda tal y como ordenan desde la Unión Europea en un claro lineamiento con los intereses empresariales.
El rey pide, el caballero acata: institucionalizar la temporalidad
Los contratos fijos discontinuos han actuado como un disfraz que ha encerrado, de facto, altas tasas de temporalidad oculta. Se institucionaliza, a través de estos contratos, que las empresas puedan recurrir a esta fórmula contractual para contar con los trabajadores bajo demanda. Desde la propaganda burguesa se obvia muchas veces el contexto en el que se enmarca la legislación laboral, analizándola de manera independiente y fijándose en aspectos centrados casi en exclusiva en los efectos inmediatos que tienen estas leyes, sin entender las condiciones de vida en las que se aplican.
El trabajo a demanda se apoya, entre otras muchas cosas, en hacer de la necesidad una oportunidad de negocio y explotación. A partir de la necesidad que tienen los trabajadores de vender su fuerza de trabajo en una situación de incremento exacerbado del coste de la vida, la nueva legislación facilita a los empresarios recurrir a demanda a trabajadores que en otro contexto renunciarían a firmar este tipo de relaciones contractuales y permite a aquellos incrementar los beneficios al maximizar la productividad en los centros de trabajo. A priori, los trabajadores únicamente son contratados en los momentos precisos en los que el empresario requiere de esa fuerza de trabajo extra en picos de producción concreta, pero la realidad es que un gran número de empresas han institucionalizado la figura del fijo discontinuo, especialmente entre los nuevos contratos, con una clara intención de desmovilización y competitividad entre trabajadores. De esta forma, el trabajador está más pendiente de hacer méritos a la finalización de su contrato para que le vuelvan a llamar cuanto antes, y puede que renuncie así a unas luchas colectivas donde cada vez es más difícil coincidir el grueso de la plantilla de forma estable.
Esta temporalidad oculta, que no aparece en las estadísticas como tal, provoca que se den casos en los cuales, además, el trabajador se ve en la disyuntiva de si debe o no buscar una alternativa en casos concretos donde el mercado laboral rara vez garantiza, salvo en sectores muy concretos, un empleo estable y seguro. De ello también se aprovechan los empresarios para exigir sobreesfuerzos al margen del contrato que se apoyan en la necesidad de sustento que viven todas las familias trabajadoras.
La inestabilidad laboral emerge como una característica intrínseca de los contratos fijos discontinuos. Aunque se promete continuidad, la falta de predictibilidad en la duración y frecuencia de la actividad laboral genera ansiedad y desconfianza entre los trabajadores. La incertidumbre ante las decisiones empresariales, que pueden resultar en la interrupción abrupta de los contratos, afecta negativamente a la planificación financiera y la calidad de vida de los empleados. Y esta inestabilidad laboral no es simplemente un efecto colateral, sino una herramienta de control utilizada por los empresarios para mantener a los trabajadores en un estado constante de vulnerabilidad. Así, la falta de seguridad y previsibilidad deja a los trabajadores a merced de las dinámicas del mercado y las decisiones empresariales, lo que perpetúa la explotación.
El elefante en la habitación: la precariedad laboral en España
Es reseñable cómo uno de los aspectos que más inciden en la vida de los trabajadores españoles, por encima de las modalidades de contrato, es que las condiciones de vida son una auténtica basura. Esta situación, que se encuentra lejos de los debates en los medios de comunicación –los cuales prefieren hablar de estadísticas brutas de empleo o de tipos de contrato–, hace que no se enfoque el debate real de la situación laboral en España en lo verdaderamente importante. Está bien saber cuál es el porcentaje de población activa dada de alta en la seguridad social, pero… ¿en qué condiciones están dados de alta? ¿Hasta qué punto los trabajadores en España se han visto obligados a cambiar su modelo de vida porque, a pesar de trabajar, no les llega para tener unas condiciones de vida dignas?
La precariedad laboral se intensifica en el contexto de los contratos fijos discontinuos. Prueba de ello es la reducción del número de horas efectivas trabajadas por la población asalariada. En los últimos diez años se ha pasado de las 38,4 horas semanales (en un contexto, además, de alta temporalidad y precariedad) a las 37,4 horas semanales, según datos de la última Encuesta de Población Activa. Esta reducción, que pudiera parecer pequeña, unida a la pérdida de poder adquisitivo fruto de la inflación, supone que las familias trabajadoras en España trabajan menos horas y, además, sus salarios les alcanzan para cubrir menos necesidades. Para ello hay que ver desde una perspectiva amplia el nuevo marco de relaciones laborales que se está imponiendo desde los monopolios de la Unión Europea y de los que el PSOE está haciendo bandera; bajo el mantra de la «flexiseguridad» se engloba una vuelta de tuerca a la explotación efectiva que recibe la clase trabajadora en España, y la fórmula del fijo discontinuo es solo una de las patas en las que se sustenta.
La propia situación de agotamiento en el modo de producción capitalista conlleva este tipo de cambios legislativos, destinados a aumentar la tasa de explotación y maximizar la productividad y los beneficios. La creciente automatización de la producción, el desarrollo tecnológico y la robotización implican que la tasa de ganancia cada vez vaya decreciendo más y más, el margen de beneficio sea cada vez menor y, con ello, haya que introducir cambios destinados a mantener a la fuerza de trabajo sometida y dispuesta a aceptar cualquier condición impuesta por los empleadores.
El Caballero de la Verde Espada y su compromiso real: a vueltas con la gestión socialdemócrata
Pero en toda esta situación, además de responsables, encontramos cómplices. Ese es el papel del Gobierno de PSOE-Sumar, a través principalmente de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Durante los últimos años, con la excusa de la crisis catalizada por la pandemia, el Gobierno se ha caracterizado por hacer de sostén a las distintas empresas a través de inmensos trasvases de dinero público a manos privadas y de la aprobación de cambios legislativos que favorecen esa «nueva realidad laboral» que impera en nuestra sociedad. Los cambios en las modalidades contractuales incluidos en la última reforma laboral, con la introducción de los fijos discontinuos como principal novedad, siguen la senda marcada por la Unión Europea y por los principales ideólogos del liberalismo. La socialdemocracia, tanto clásica como nueva, ya viene en las últimas décadas asumiendo una postura cómoda en los márgenes de la ideología liberal y la práctica de los distintos Gobiernos de este signo en diversos lugares del mundo así lo demuestra.
Este pliegue a los intereses empresariales se demuestra también en la práctica cuando se exige a las cúpulas sindicales un apoyo radical a las medidas gubernamentales. El Gobierno juega la carta del «miedo al otro», a la llegada de la ultraderecha, para demandar un apoyo incondicional, declarando que en las condiciones actuales ellos actúan como sostén frente a la ultraderecha y del ultraliberalismo, que es necesario realizar una gestión modélica y para ello hay que adquirir compromisos. Estamos a vueltas con el manido discurso socialdemócrata de tener «responsabilidad de Estado», una cuestión que casi nos retrotrae al ideal caballeresco medieval en el que el gobierno reprime sus impulsos de gobernar para los trabajadores bajo la responsabilidad de actuar de forma modélica, según se espera de él en las más altas instancias. Pero ¿quiénes son esas más altas instancias? ¿Qué es lo que se espera de ese caballero andante en la gestión capitalista? En la sociedad de clases no se pueden adoptar posturas neutras o que beneficien a todos; la sociedad de clases es una sociedad en constante pugna con intereses antagónicos e irreconciliables, y la labor que hacen los gestores del Estado siempre se alinea con los intereses de los dueños de ese Estado. Las más altas instancias son los grandes monopolios y de ese caballero andante solo esperan que acalle y reprima cualquier voz discordante con el gran circo que es el capitalismo en su fase terminal, y nuestro particular Amadís de Gaula ha hecho un voto claro de compromiso con esas expectativas.
