“La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días, razón por la cual solicita que el personal adscrita a esta oficina abandone al país el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifique públicamente ante la comunidad su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de Naciones Unidas”, destacó el canciller Yván Gil en declaraciones a periodistas.
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— Yvan Gil (@yvangil) February 15, 2024
La decisión del Gobierno se produce luego de que Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresara su preocupación y calificara como una “desaparición forzada” por la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, por presuntos vínculos con el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Al respecto, el canciller manifestó que la decisión fue tomada debido a la parcialidad de esa institución.
“Lejos de mostrarla como un ente imparcial la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, comentó.
De igual manera, denunció que desde la firma de la carta de entendimiento entre la oficina y la administración de Maduro en 2019, ésta ha mantenido una postura “sesgada”, así como ha “exacerbado” sus ataques contra Venezuela.
El memorando de entendimiento firmado entre las partes establecía un marco para las discusiones y la cooperación en el futuro, y permitía una presencia continua en el país de un equipo de oficiales de derechos humanos de la ONU.
En ese sentido, Gil manifestó que la oficina contaba con 13 funcionarios, a los que el Gobierno le brindó la mayor cooperación sin ningún tipo de restricción.
Asimismo, señaló que se trata de una decisión administrativa, y que el Gobierno mantiene su compromiso en materia de derechos humanos.
