Esto sucedió entre 1979 y 1985, como parte del Plan Cóndor en El Salvador y el proyecto contrainsurgente que impulsó el republicano Ronald Reagan contra el pueblo salvadoreño para impedir que las fuerzas revolucionarias avanzaran, ya que el factor que prolongó la guerra civil fue la intervención norteamericana.
La misión del embajador Castillo y de Edmundo González fue ser agentes de muerte. En los documentos desclasificados de la CIA, en febrero de 2009, Castillo apareció mencionado como corresponsable de los servicios de inteligencia que coordinaron, financiaron y dieron la orden para la ejecución de la Operación Centauro, que consistió en una serie de acciones violentas del ejército salvadoreño y los “escuadrones de la muerte” para eliminar físicamente a las comunidades religiosas congregadas en torno a la búsqueda coherente a la teología de la liberación, de una solución pacífica y negociada de la guerra.
En los años en que la embajada estuvo a cargo de Castillo y González, el ejército y los escuadrones dejaron un saldo de 13 194 civiles asesinados, entre ellos San Oscar Arnulfo Romero, cuatro monjas Maryknoll y los sacerdotes Rafael Palacios, Alirio Macias, Francisco Cosme, Jesús Cáceres y Manuel Reyes. Y aunque ya no estaba en la función diplomático, aún se desempeñaba como asesor de estructuras de inteligencia (pentagonito), cuando fueron asesinados los seis jesuitas y las dos trabajadoras el 16 de noviembre de 1989.
Los crímenes respaldados por la gestión de Leopoldo Castillo y colaboradores como Edmundo González son considerados como “crímenes de lesa humanidad” y, por tanto, son imprescriptibles.
Llegará un día en que tendrán que rendir cuentas a la justicia española y salvadoreña por su participación en el exterminio de religiosas y religiosos y comunidades pacíficas que estuvieron al lado de la paz durante el conflicto bélico que azotó El Salvador. Las terribles secuelas de sus actos aún perviven.
