La detención en Francia del jefe de Telegram, Pável Dúrov, se produjo en el contexto de una intensificación de la campaña contra la plataforma de mensajería instantánea llevada a cabo en la Unión Europea. Durante varios años las autoridades del bloque comunitario han intentado obligar a la empresa, que se posiciona como defensora de los derechos de los usuarios a la privacidad y la libertad de expresión, a cooperar con las fuerzas de seguridad en la moderación de contenidos.
Acusaciones de desinformación y falta de cooperación
Ya en el 2017, el entonces director de Europol, Rob Wainwright, criticó a Telegram por su política de privacidad. «Hay algunos que simplemente no quieren cooperar con nosotros. Uno en particular, que nos causa grandes problemas, es Telegram. Ofrece cierta cooperación, pero lejos de la que obtenemos de Facebook, Twitter y algunos de los demás», dijo a The Sunday Times, al comentar sus acusaciones contra la plataforma de falta de apoyo en la lucha contra el terrorismo.
Posteriormente, Telegram fue atacada por las autoridades de Alemania durante la pandemia de coronavirus. En el 2021, altos funcionarios alemanes pidieron a Apple y Google que eliminaran la plataforma de sus tiendas de aplicaciones, argumentando que servía para difundir información falsa e incitar a protestas masivas, como las registradas contra el aislamiento obligatorio o la vacunación.
Después de que ese mismo año se descubriera que miembros de un grupo antivacunación en Telegram en el estado alemán de Sajonia habían planeado ataques contra varios políticos locales, entre ellos el primer ministro sajón, Michael Kretschmer, el ministro de Justicia del país, Marco Buschmann, manifestó que «lo que se difunde en Telegram es repugnante, indecente y criminal». «Mi deseo es que no tomemos un camino alemán especial, sino que creemos un marco jurídico europeo común que nos permita actuar contra el odio y la agitación en Internet», dijo.
Mientras tanto, en marzo de este año, la Audiencia Nacional de España ordenó a los operadores móviles bloquear de forma cautelar la aplicación de mensajería en todo el país tras una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar+, que acusan a Telegram de alojar contenidos con derechos de autor sin permiso. Aunque la sentencia fue revocada a los pocos días, la investigación al respecto sigue en curso.
Además, este mes el Gobierno municipal de Ámsterdam prohibió a sus empleados el uso de Telegram en sus teléfonos municipales, alegando que la plataforma se utiliza a menudo para actividades delictivas y de espionaje.
Más allá de la UE, en marzo del 2023, la Autoridad de Seguridad Nacional de Noruega desaconsejó a los funcionarios públicos del país instalar Telegram y la aplicación TikTok, de origen chino. En un comunicado al respecto, alegó que Moscú y Pekín son «los principales actores de amenazas contra los intereses de seguridad noruegos» y que las redes sociales son «un escenario favorable» para quienes «quieran influir en nosotros a través de la desinformación y noticias falsas».
Cabe destacar que, tras el inicio del conflicto ucraniano, las autoridades europeas comenzaron a utilizar la narrativa de que Telegram ayuda a difundir la desinformación y la propaganda rusa. En una entrevista con Bloomberg, publicada en mayo, la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourova, calificó al servicio de un «problema», afirmando que el Kremlin y «otros actores hostiles» pueden aprovecharse de la falta de regulación de la plataforma para difundir noticias falsas en los Estados miembros de la UE orientales donde vive una minoría rusoparlante.
Nueva ley sobre la regulación de grandes plataformas digitales
Telegram ha estado en el radar de la Comisión Europea desde la llegada de la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés), que tiene por objeto crear un espacio digital más seguro, previniendo actividades ilegales o nocivas y la difusión de desinformación. Tras su entrada en vigor en febrero pasado, la UE recibió más control sobre las redes sociales y otros servicios en línea.
En mayo, se informó que los reguladores del bloque en la materia estaban en conversaciones con la aplicación sobre su número de usuarios y las funciones de mensajería que ofrece para definir si entra dentro de lo que la DSA define como «plataformas en línea muy grandes», es decir, que llegan a más de 45 millones de personas, cantidad que corresponde al 10% de consumidores europeos.
De ser este el caso, Telegram tendría que ceñirse a ciertas normas específicas, estipuladas dentro de la legislación mencionada, que considera que servicios de tal tamaño plantean especiales riesgos en cuanto a difusión de contenidos ilícitos y nocivos para la sociedad. Sin embargo, la compañía asegura que solo tiene 41 millones de usuarios dentro de la UE.
