López Astudillo había sido arrestado por autoridades en 2015, durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto, en un operativo realizado en un municipio de Guerrero, en la vía pública y en «flagrancia delictiva», como señaló Renato Sales Heredia, entonces comisionado nacional de seguridad.
«El Gil» fue señalado de ser uno de los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos, dedicado a la extorsión y el tráfico de drogas, en los municipios de Cocula e Iguala, municipio donde ocurrió la desaparición de los normalistas en 2014, hechos en los que participaron policías estatales y municipales.
Sales Heredia señaló en conferencia ante periodistas el 17 de septiembre de 2015 que ‘El Gil’ se encontraba acusado por delitos de delincuencia organizada y secuestro, además de que «diversos imputados» lo señalaron directamente como «el autor material» de la desaparición de los 43 normalistas.
En 2019, Gildardo López Astudillo fue liberado en medio de condenas de funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y reclamos de los padres de los estudiantes desaparecidos. Alejandro Encinas, entonces subsecretario de la Secretaría de Gobernación, calificó la decisión judicial como indignante.
Por su parte, la organización de defensa de los derechos humanos Tlachinollan consideró esta liberación como «la caída judicial del caso» y señaló el «pésimo trabajo» de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), que fue encabezada por Jesús Murillo Karam.
El pasado 1 de septiembre, el presidente López Obrador se refirió al caso de los 43 normalistas, un tema que calificó como «una asignatura pendiente». Sin embargo, la próxima mandataria de México, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido continuar con el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes.
