Juan Lehmann (Sputnik).— El 2 de octubre no será un día cualquiera en Argentina. Tras meses de negociaciones infructuosas, las universidades públicas argentinas convocaron a una nueva movilización nacional para reclamar contra el ajuste presupuestario a la educación dispuesto por el Gobierno de Milei. La primera protesta, ocurrida en abril, constituyó una de las mayores marchas de la historia argentina.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las 61 entidades públicas a donde asisten 2,5 millones de estudiantes, llamó a salir a las calles en todo el país en medio de un convulsionado clima de tensiones. Si bien las asperezas venían acumulándose desde hacía semanas, la gota que rebasó el vaso fue el anuncio del Poder Ejecutivo de que vetaría el aumento presupuestario aprobado por el Congreso apenas días atrás.
Un veto a la educación es un veto al futuro.
El miércoles 2 de octubre a las 17h, marchamos al Congreso contra el veto a la Ley de Financiamiento a las Universidades Públicas.
Cuidemos lo que funciona.
Cuidemos a la Universidad pública. pic.twitter.com/LehZQzlvCE— UBAonline (@UBAonline) September 25, 2024
Se trata de la segunda convocatoria realizada desde la cúpula de la dirigencia universitaria desde que asumió Milei. La primera, fechada el 23 de abril, colmó las calles de las principales ciudades del país, congregando a estudiantes, docentes, gremios, entidades civiles y familias autoconvocadas. En aquel caso, la consigna había sido concisa: “La educación no se vende, se defiende”.
Las razones del reclamo se explican en números. Hasta abril, las universidades públicas estaban al borde del cierre por falta de recursos: funcionaban con un presupuesto aprobado a fines de 2022, con más de 300% de inflación acumulada desde entonces. Es decir, que los fondos habían sido licuados en más del 70%.
La respuesta del Gobierno a aquella masiva movilización fue la actualización inmediata del 270% para las partidas destinadas a la cobertura de los costos de funcionamiento (la energía eléctrica, el agua y otros), que representan menos del 10% de los gastos de las universidades. Sin embargo, el Ejecutivo no anunció ninguna mejora concreta en el grueso de las partidas, destinadas centralmente al pago de salarios del personal docente y no docente.
Concretamente, los trabajadores de la educación denuncian que su salario real se desplomó más del 40% en el último año, dado que los incrementos discrecionales otorgados por el Gobierno fueron siempre menores a la inflación acumulada. Las universidades constituyen uno de los sectores más golpeados por el ajuste fiscal desplegado por el Gobierno desde su asunción en diciembre último.
De las aulas a las calles
“Hoy la situación de las universidades es insostenible. Así como en abril no podíamos garantizar el funcionamiento por no poder pagar los servicios públicos, ahora el problema es que los salarios docentes están en caída libre”, dijo a Sputnik Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.
Según el directivo, la licuación de los sueldos de los profesores da lugar a una “fuga de cerebros” del país y alertó que “estas medidas están generando un éxodo de docentes altamente capacitados, cuyos ingresos cada vez alcanzan menos”.
“La situación atenta contra la calidad de nuestras universidades públicas, que históricamente han sido un modelo de educación inclusiva en toda Latinoamérica. Ojalá que el 2 de octubre nos acompañe la sociedad también, porque esto afecta no solo a los estudiantes sino a todos los argentinos”, remarcó Moriñigo.
La otra cara del conflicto
La gravedad del caso responde al impacto de los recortes. Se estima que más de un millón de personas se atienden anualmente —de manera gratuita— en los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más importante del país. Naturalmente, el ajuste presupuestario afecta directamente a estos establecimientos.
“Hoy no nos alcanzan los recursos y por eso empezamos a suspender cirugías: solamente estamos operando casos de infecciones, temas oncológicos y fracturas. El problema demanda una solución urgente”, dijo a Sputnik Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la UBA.
Según informó el experto, “hoy los trabajadores del hospital —sobre todo los médicos residentes— están cobrando casi la mitad de lo que ganaban hace un año, y eso responde directamente a lo que pasa en la universidad”.
“Estamos forzados a elegir a qué pacientes tratar y a cuáles no. Es un tema sensible porque se trata de personas que no cuentan con muchos recursos económicos, por lo que sí o sí dependen de hospitales públicos como el nuestro”, explicó Melo.
Consultados acerca de las esperanzas de cara a la resolución del conflicto, los directivos coincidieron en la necesidad de encauzar las conversaciones con el Gobierno. “El diálogo existe, pero está claro que no ha servido de mucho porque hemos llegado a esta situación extrema de una marcha”, afirmó Moriñigo.
