La mayor movilización fue la de organizaciones de mineros informales, a los que mantuvo a raya la Policía usando gases lacrimógenos.
Los manifestantes, que se definen como artesanales, se oponen a que cese la provisionalidad en la que operan y piden un plazo de dos años para su formalización, por lo que rechazan un proyecto de ley recién anunciado por el Gobierno que da un plazo de seis meses para el citado trámite.
Las protestas llevan varios días en Lima y otras regiones, y dirigentes del movimiento argumentan que la nueva legislación mantiene la obligación que les ha impedido completar el trámite de formalizacion de sus operaciones, es decir firmar un contrato con las empresas formales en cuyas áreas concesionadas trabajan.
Uno de los dirigentes dijo que el 95 por ciento de los mineros artesanales no han logrado formalizarse porque las empresas no aceptan firmar con ellos contratos de operación, y creen que el objetivo del Gobierno es echarlos de las zonas que ocupan.
Señalan además que el proyecto prevé que los que no puedan legalizarse serán trasladados a zonas especiales, en las cuales, afirman, no hay minerales.
Una campaña empresarial alega que la minería artesanal o informal enmascara a la ilegal, como el Estado califica a aquella que opera en zonas ambientalmente protegidas o usa maquinaria o sustancias prohibidas.
De otro lado, la Federación Médica Peruana inició una huelga que el ministro de Salud, César Vásquez, intentó minimizar y mediante la cual exigen que en el presupuesto de 2025, el Parlamento consigne los fondos para una mejora salarial pendiente de ejecutarse.
