Ana Muñoz (Unidad y Lucha).— Toca balance del año en lo que respecta al gobierno de coalición y sí, tras darle vuelta a lo que surge a bote pronto, ese es el resumen que mejor se adapta a este año. Mucha propaganda y mucho bombo para dar importancia y relevancia a muchas de las medidas y propuestas que no lo son tanto, al menos en sus consecuencias prácticas para la clase obrera y las capas populares.
A nivel legislativo se han aprobado cinco leyes, de un total de 37 propuestas, y las 32 restantes están varadas en prorroga tras prorroga ampliando plazos de enmiendas para “contentar a todos con encaje de bolillos” y tener apoyo suficiente en el Congreso.
De las cinco aprobadas, la que más ruido levantó ha sido la de Amnistía. También la que quitó la careta fascista y la vena “españolaza” a más de uno y una, pero que a efectos prácticos tampoco ha logrado volver al campo político el enfrentamiento ocasionado con la represión y la aplicación del artículo 155 a Catalunya. Ahí están siempre al quite los rancios togados y la alta judicatura que fieles herederos del franquismo, no permiten que nada salga del guion del “atado y bien atado”.
Las restantes son la del Poder Judicial para lavar un poco la cara a ese pilar del Estado que ya olía un poco mal y había que airearlo, tras lograr levantar a sus señorías de la poltrona y renovar su Consejo General que llevaba caducado más de 5 años. La de las enseñanzas artísticas superiores, la que crea una autoridad independiente para investigar accidentes ferroviarios y la de paridad. Esta última sí ha tenido consecuencias prácticas, pero negativas, al modificar el art. 53 y 55 del Estatuto de los Trabajadores y suprimir la nulidad objetiva de aquellos trabajadores que sean despedidos sin causa justificada y hayan solicitado o estén disfrutando de una adaptación de jornada, al igual que ha eliminado los permisos por accidente o enfermedad grave y hospitalización de un familiar. Se achacó a “error técnico” y este error ha levantado menos ruido que el de la ley del sólo sí es sí de la anterior legislatura y, pese a la afectación general y en vigor desde finales de agosto pasado, ahí sigue tal cual. ¿Qué pasará con los despidos?
Pues que la persona despedida habrá de demostrar que realmente su despido se debe a la solicitud o disfrute de una adaptación de jornada y que, por tanto, la empresa lo está discriminando.
También se han promulgado cuatro decretos-ley que engloban medidas para afrontar la inflación y los precios de la energía, para promocionar el transporte público entre jóvenes, para mejorar la conciliación familiar y para prorrogar la prohibición de desahuciar a familias vulnerables. Lucen mucho en las ruedas de prensa del Gobierno pero crece la pobreza energética, la diferencia entre el gasto en energía que se hace en un hogar de renta alta y uno de renta baja es de hasta un 158 %, aunque no están los datos del 2024, todo indica que seguirá aumentando la diferencia, al igual que no han parado los desahucios y que por otro “error” se acaba de introducir una modificación en la ley de eficiencia judicial, para facilitar los desahucios “express” de las viviendas vacías que los fondos buitre y la banca acumulan por miles, mientras crece la pobreza y las personas en situación de calle en nuestras ciudades.
Impuesto mínimo a las multinacionales, movilidad, conciliación y educación pública gratuita para menores de 3 años… se han quedado por el camino. Al igual que la derogación de la conocida ley mordaza, que ha quedado para reformilla, porque ya sólo se pretende eliminar el uso de pelotas de goma, las sanciones por faltas de respeto y una rebaja en las infracciones por desobediencia, pero seguirá vigente el restante articulado que reprime y castiga la protesta y la opinión disconforme.
Con fanfarria nos anuncian medidas en materia de vivienda para el próximo curso político, otra vez mucho ruido pero esta vez… nueces para la patronal del ladrillo que para el resto ya veremos.
En el ámbito internacional el gobierno de coalición PSOE-Sumar sigue cumpliendo el mandato de fortificar la frontera sur del jardín europeo, consolida su política anti-saharaui denegando asilo político a activistas o los entrega a las autoridades marroquíes. No es menor su entrega a la OTAN y a las guerras. El gasto en misiones militares no ha cesado de crecer, así como el presupuesto militar y no deja de entrenar a los ucro-nazis, 6000 en 2 años.
Pero sin duda la estrella del año a este nivel ha sido el reconocimiento del Estado Palestino. Todo muy pomposo basado en “el respeto al derecho internacional y al orden internacional basada en reglas” lo que viene a ser nada. Declaración hueca y sin voluntad de que trascienda lo formal. Además de hablar de dos estados, lo que ya per se convierte la declaración en banal, se ha continuado vendiendo armas al ente sionista, no se han roto relaciones, ni comerciales, ni educativas, ni de ninguna índole con el régimen genocida. Y más, se ha consentido el uso de nuestros puertos para que arribaran armas a la entidad colonial, incluido hacer la vista gorda al uso de bases militares como la de Rota para ayudar en el genocidio palestino.
