El flamante presidente Donald Trump anunció el 21 de enero, apenas 24 horas después de su regreso a la Casa Blanca, la creación de Stargate, una empresa nacional que invertirá 500.000 millones de dólares en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en los próximos cuatro años.
La compañía —que será operada por las empresas tecnológicas SoftBank, OpenAI, Oracle y MGX— recibirá una primera inversión de 100.000 millones de dólares de parte del Gobierno federal, indicó el mandatario, quien apareció en conferencia de prensa para dar la noticia flanqueado por los directores ejecutivos de dichas compañías.
«Es mucho dinero y [estará involucrada] gente de alta calidad», dijo Trump durante el anuncio realizado en la Casa Blanca, añadiendo que el proyecto es «una rotunda declaración» de confianza en el potencial tecnológico de EEUU.
En ese sentido, el mandatario precisó que el proyecto Stargate se enfocará en sus primeros años en el desarrollo de infraestructura física y virtual «para impulsar la próxima generación de avances en IA y esto incluirá la construcción de colosales centros de datos», con el propio Larry Ellison, cofundador de Oracle, informando minutos después en la misma comparecencia que ya se está construyendo dicha infraestructura en Texas, donde estará la sede de la nueva compañía.
Este anuncio se dio horas después de que Trump, durante la firma de decenas de órdenes y acciones ejecutivas, anuló las disposiciones decretadas por su antecesor Joe Biden, las cuales limitaban ciertos aspectos del desarrollo de la inteligencia artificial y exigían investigaciones con respecto a sus potenciales riesgos.
Al analizar esta noticia, la agencia Bloomberg afirmó que Trump, con estas dos decisiones realizadas en las primeras 48 horas de su Gobierno, «no solo replantea el enfoque de EEUU sobre la IA, sino que también se aleja de Europa en el tema de cómo regularla».
Vale recordar que la Unión Europea, en una ley promulgada en agosto del 2024, pero que entrará en vigor en el 2026, estableció leyes estrictas para regular y limitar su uso, estableciendo un sistema basado a cuatro niveles de riesgos para sus usuarios.
Numerosos empresarios tecnológicos criticaron la decisión, como también cuestionaron la orden ejecutiva de Biden, argumentando que frenaba la capacidad de innovación y la libertad de expresión, así como la creación en plataformas y redes sociales.
Otros analistas señalaron que estas posturas, en referencia tanto al Gobierno de Biden como del Parlamento de la UE y la Comisión Europea, tenían como objetivo intentar perjudicar a China, cuyo avance tecnológico en los últimos años, especialmente en el área de IA y robótica, lo ha convertido en una gran amenaza para el dominio de las grandes empresas de EEUU, tal como lo exhibe el caso de intento de boicot de TikTok por parte de Washington.
En tanto, defensores de las medidas afirmaron que las restricciones eran necesarias por cuestiones de seguridad nacional y cuidado del medio ambiente, además para evaluar el impacto del uso de las nuevas tecnologías, especialmente en niños y adolescentes.
