Según Managua, el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024 carece de objetividad y rigor metodológico, además de que contiene «información falsa, con tendencia injerencista y agresiva».
«En el citado documento se publica información y datos sobre Nicaragua que no fueron autorizados, ni consultados a nuestras instituciones, ni validados por el Gobierno de la República de Nicaragua», expresó la Administración de Daniel Ortega en un comunicado.
«Las organizaciones internacionales están obligadas a respetar a los Estados parte y el uso de la información debe contar con el consentimiento previo y aprobación del Estado concernido, lo cual ha sido incumplido por la FAO», señaló el país centroamericano, que calificó la actitud de la FAO como «inaceptable, inadmisible e irrespetuosa».
Nicaragua afirma que la publicación de dicho informe contribuye a la difusión de publicaciones y contenidos «negativos» que tendrían como finalidad «desprestigiar al Gobierno de Nicaragua» y a «sus políticas de lucha contra la pobreza, desarrollo humano y seguridad alimentaria».
Por todo ello, la nación centroamericano exigió que la FAO cierre sus oficinas de representación en territorio nicaragüense de inmediato.
La FAO comenzó sus actividades oficiales en Nicaragua en 1982. Antes de ese año, toda esa labor sobre seguridad alimentaria se llevaba a cabo mediante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
