Las sanciones económicas tienen un serio problema: que a medida que se amplían, se agotan. Recientemente el nuevo secetario de Estado, Marco Rubio, ha confesado que dentro de poco no van a poder sancionar a nadie porque todos están ya sancionados.
Eso explica el precedente que ha introducido Trump: por primera vez, legalmente los aranceles se basan en las sanciones, o sea en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 porque, como hemos explicado tantas veces, eso que llamaron “neoliberalismo” no existió nunca. Los aranceles no sólo indican una determinada política económica, sino que son instrumentos de guerra económica y su pretexto es la “seguridad nacional”. En el caso de China, como en el de México o Canadá, Trump se justifica por el fentanilo y la emigración.
Es una gran ventaja porque en Estados Unidos, como en los demás países del mundo, los jueces siempre se ponen de rodillas cuando un presidente aprueba alguna medida fundamentada en razones de “seguridad nacional”. Es la barrera en la se acaban los derechos, las constituciones y las reglas ordinarias.
En medio de la competición, Estados Unidos cambia las reglas del juego porque va perdiendo, y por eso el Ministerio de Finanzas de China dice que “la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos viola gravemente las reglas de la Organización Mundial del Comercio, no resuelve los problemas de Estados Unidos y socava la cooperación económica y comercial normal entre los dos países”.
Todo se va fraguando sobre la marcha. El martes China responde subiendo los aranceles y restringiendo aún más las exportaciones de cinco materias primas estratégicas (tungsteno, indio, bismuto, telurio y molibdeno) utilizados en la industria de guerra y las nuevas energías “renovables”.
El Ministerio chino responde simétricamente con el mismo argumento que Estados Unidos: tienen que proteger la “seguridad nacional”. A partir de ahora la exportación de ciertos minerales sólo será posible con licencia. Estados Unidos dejó de producir tungsteno en 2015 y dejó de producir bismuto refinado en 1997.
La respuesta de China es muy moderada. Presiona pero no ahoga para demostrar que quiere negociar. En Pekín no están dispuestos a desatar una espiral de represalias.
