En Irlanda todavía resuenan los ecos del escándalo que significó que hace poco más de dos décadas el conjunto de la sociedad descubriera la terrible realidad que se escondió tras los muros de instituciones religiosas, avaladas por el Estado, que marcaron la vida de miles de mujeres.
Tras más de una década de presiones, el Estado acabó pidiendo perdón por lo sucedido durante más de medio siglo y desarrollando una investigación cuyo resultado no dejó conforme a las víctimas, mientras que aún hoy se debate entre el recuerdo y la conmemoración o correr un tupido velo sobre este oscuro capítulo.
Los Lavanderos de la Magdalena
Los Lavanderos de la Magdalena se encuentran en el centro del nudo gordiano de toda una red de centros regidos por instituciones religiosas que se constituyeron como una telaraña que atrapó la vida de mujeres que no casaban con la estricta moral católica.
Entre esos muros, miles de niñas, adolescentes y mujeres fueron recluidas y obligadas a realizar trabajo esclavo, pues nunca fueron remuneradas, mientras eran sometidas a maltratos físicos y psicológicos y, en ocasiones, a agresiones sexuales.
Bajo la gestión de cuatro órdenes religiosas (las Hermanas de la Misericordia, las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad, las Hermanas de la Caridad y las Hermanas del Buen Pastor), las Lavanderías de las Magdalenas se ubicaron en diez puntos de Irlanda.
Dirigían negocios lucrativos, principalmente relacionados con el lavado y el bordado de prendas, gracias al trabajo de una mano de obra presa y sin sueldo. En octubre de 1996 dejó de funcionar el último de estos centros.
¿Quiénes fueron confinadas en estas instituciones?
Se calcula que entre la fundación de Irlanda en 1922 (tras su independencia del Reino Unido) hasta 1996, fueron al menos 10.000 las mujeres y niñas que pasaron por estas instalaciones.
Las candidatas para ingresar tenían un perfil diverso. En primer lugar, se trasladó allí a aquellas que eran consideradas promiscuas, como prostitutas o madres solteras.
Sin embargo, la ‘condena’ también alcanzó a hijas de madres solteras, a quienes habían sido abusadas sexualmente, quienes eran consideradas una carga para sus propias familias, quienes habían crecido ya institucionalizadas, quienes tenían problemas psiquiátricos o quienes habían cometido delitos menores. Algunas permanecieron confinadas durante décadas, aisladas de sus familias.
Empero, la cifra oficial de 10.000 mujeres, que parte del Informe McAleese impulsado por el Gobierno en 2011, ha sido ampliamente cuestionada. Otras estimaciones consideran que el número de víctimas no puede considerarse inferior a 30.000.
Ese informe no recogió los registros de dos de las instituciones cuestionadas y tampoco se incluyeron a las niñas y mujeres que habían ingresado antes de 1922 y permanecieron después de esa fecha, puesto que esos centros llevaban más de un siglo en funcionamiento, si bien su operativa había ido variando con los tiempos.
Tampoco se recoge en ese documento el caso de muchas niñas, residentes en otras instituciones dirigidas a la infancia, en ocasiones en los mismos terrenos que las Lavanderías, que fueron obligados a trabajar allí.
¿Cómo acababan allí?
Los canales a través de los cuáles las niñas y mujeres acababan siendo recluidas en esos centros son variados. Por un lado, algunas eran enviadas por el sistema judicial: como condición de libertad condicional, bajo estado de prisión preventiva, otras tras haber cumplido condenas de cárcel y otras en sustitución de su envío a las Escuelas Reformatorias.
También eran transferidas desde Escuelas Industriales (instituciones residenciales católicas para niños abandonados) y desde Hogares para Madres y Bebés.
Asimismo, algunas fueron mandadas allí por trabajadores sociales, miembros del clero, agentes de Policía, centros sanitarios, autoridades locales y hospitales psiquiátricos. Incluso determinadas niñas fueron llevadas a estos lugares por haber sido víctimas de abusos.
La dejación del Estado
Aunque muchas de las víctimas acabaron en las Lavanderías a través de agentes estatales, también es cierto que otro gran grupo acabó allí debido a sus familias o a grupos religiosos.
Detrás de esta casuística se encuentra la estricta moral católica de aquel tiempo en Irlanda y el miedo al rechazo social que provocaba la maternidad fuera del matrimonio, el abuso sexual, el abuso doméstico o la discapacidad, entre otros estigmas de la época.
Sin embargo, en todos los casos el Estado no protegió ni la libertad ni los derechos de estas mujeres y niñas, respondiendo a la larga tradición del país de no inmiscuirse en los asuntos de la Iglesia. Así, no se veló porque no fueran retenidas contra su voluntad, realizaran trabajos forzosos o fueran maltratadas.
Maltrato, pérdida de identidad y aislamiento
Decenas de testimonios conocidos a lo largo de las últimas décadas dibujan un retrato de cómo era la vida en el interior de estas instituciones.
Las reclusas normalmente no tenían información sobre cuándo serían liberadas o si lo serían en algún momento. Al llegar a muchas les cortaban el pelo, les cambiaban el nombre por un número de identificación, les vestían con un uniforme gris y se les prohibía hablar.
«Solíamos ir a confesarnos una vez por semana. El sacerdote se sentaba ahí y nosotras le contábamos nuestros pecados… pero, ¿qué pecados podíamos haber cometido? Trabajábamos todo el tiempo. Ellos eran los pecadores, no nosotras: nos estaban torturando», relató Elizabeth Coppin en una entrevista concedida en 2014.
Coppin fue abusada sexualmente por su padrastro durante la infancia y posteriormente trasladada a una de las Lavanderías, donde se le hacía trabajar desde las 8:00 hasta las 18:00 menos los domingos y los feriados. Fue víctima de castigos corporales y aislamiento sostenido por faltas que asegura no haber cometido.
A esto se suma que, según el testimonio de muchas de las sobrevivientes, las amistades estaban prohibidas, así como la correspondencia con el exterior, al tiempo que las pocas visitas permitidas estaban siempre supervisadas por las monjas.
Un negocio con clientes públicos y privados
El trabajo se prolongaba normalmente a lo largo de 12 horas diarias, con tareas como lavado, planchado, costura o bordado. A pesar de que las reclusas no percibían ningún tipo de salario, se trataba de un negocio muy lucrativo.
La ropa que se procesaba en las Lavanderías provenía de empresas locales, de instituciones religiosas, de departamentos gubernamentales, de hospitales públicos, escuelas, prisiones e innumerables entidades estatales.
Los castigos, por diversos motivos como intentar escaparse o negarse a trabajar, incluían desde el maltrato físico a la privación de alimentos, el aislamiento o el afeitado del pelo. Además, los abusos verbales eran constantes y las condiciones de higiene y alimentarias deficientes. En el caso de las niñas, no recibieron la educación a la que tenían derecho.
El interior de esos muros se convirtió en la tumba de muchas de ellas. De hecho, la historia de estas mujeres se descubrió en 1993, cuando las monjas vendieron uno de sus terrenos y la empresa que la compró halló los cuerpos de 155 mujeres. Este episodio saltó a la escena internacional cuando el cineasta Peter Mullan estrenó en 2002 la película ‘Las Hermanas de la Magdalena’.
El tardío reconocimiento del Estado
Esos establecimientos nunca llegaron a ser regulados por el Estado de Irlanda. Todo ello a pesar de que eran centros que utilizaba en ocasiones como lugar de detención, de que era cliente suyo y de que era de conocimiento público que albergaban a niñas en edad escolar.
No obstante, pese a sus falencias, el Informe McAlleese recopiló evidencia que dejó fuera de toda cuestión la responsabilidad del Estado irlandés en los hechos, que supusieron la esclavitud para miles de mujeres y niñas.
Así, en 2013, el jefe de Gobierno, Enda Kenny, emitió una disculpa pública poco después de que se divulgara el texto compilado por el senador Martin McAllise. Previamente, Kenny se había negado en redondo a reconocer la responsabilidad del Estado y recibió críticas dentro y fuera de su país.
En su día, el político laborista sostuvo ante el Parlamento que lo que padecieron las mujeres en las lavanderías administradas por monjas católicas había «proyectado una larga sombra sobre la vida irlandesa» y sobre el sentido de su identidad.
También dijo que «lamentaba profundamente y pedía disculpas» por los daños y el trauma que se infligió a las mujeres y niñas que habían permanecido confinadas en las Lavanderías de la Magdalena, prometió construir un monumento para honrar a las víctimas y anunció el pago de indemnizaciones para las sobrevivientes.
La lucha por la memoria
La actuación del Estado irlandés ha sido cuestionada, no solo por su tardía actuación sino por omitir de la investigación los centros que funcionaban en Irlanda del Norte bajo un esquema parecido. Aunque el territorio hace parte del Reino Unido, Londres tampoco se ocupó del caso y hay peligro de que no sea investigado nunca.
«Las lavanderías de la Magdalena funcionaron en Irlanda del Norte hasta los años 80. He hablado con mujeres supervivientes de estas instituciones que ahora temen quedarse atrás, sin que se lleve a cabo ninguna investigación, ni en el norte ni en el sur, sobre su sufrimiento», reclamó Patrick Corrigan, director de Amnistía Internacional en Irlanda del Norte, tras la comparecencia de Kenny.
Desde su punto de vista, «está claro que cualquier nueva investigación anunciada por el gobierno irlandés sólo investigará los abusos cometidos en la República de Irlanda, mientras que la Investigación sobre Abusos Institucionales Históricos en Irlanda del Norte sólo investigará los abusos sufridos por niños, en lugar de por las numerosas mujeres adultas que estuvieron recluidas en las Lavanderías de la Magdalena».
A ello se añade que, paulatinamente, las autoridades irlandesas demolieron sistemáticamente los sitios donde otrora funcionaron las lavanderías y los reemplazaron con edificios modernos, lo que a finales de la década pasada hacía temer que las sobrevivientes y sus familiares se quedaran sin un lugar público en el cual se recordara su sufrimiento.
Este temor se disipó en 2022, con la inauguración de un memorial en Dublín bajo el nombre de ‘Pequeño museo de Dublín en St Stephen’s Green’.
