José Negrón Valera (Sputnik).— «La están maltratando y secuestrando, queremos que nos la devuelvan», clamó el mandatario, visiblemente conmovido, en alusión la situación que ha puesto en evidencia las profundas grietas del sistema migratorio estadounidense.
«Es impresionante ver más de un millón de trabajadores gritando ‘libertad, libertad, libertad’ para nuestra niña. Esta marcha es una demostración de amor, de unión nacional, de fuerza de calle. Es así como el pueblo de Venezuela se tiene que hacer respetar por ese imperio criminal», expresó Maduro a simpatizantes del movimiento bolivariano.
El jefe de Estado venezolano dio un mensaje a los migrantes venezolanos, en especial a aquellos que «confiaron en el sueño americano» y aún se encuentran en una situación de vulnerabilidad jurídica en Estados Unidos.
«La única patria verdadera se llama Venezuela, y debemos cuidarla. No podemos permitir que haya gente sin valores ni gratitud. Abran los ojos. Si quieren un país mejor, unámonos a la lucha. La patria nos pertenece a todos, excepto a los criminales. El pueblo debe decir no al fascismo y sí a la paz, al futuro, al encuentro familiar y a la vida», recalcó Maduro desde la ciudad de Caracas.
La arista jurídica
A propósito de este caso que ha movilizado a la sociedad venezolana, Sputnik conversó con la abogada Érika Yanez Vargas, especialista en derechos humanos, quien analizó el caso desde la perspectiva jurídica internacional, enfatizando la urgencia de aplicar mecanismos multilaterales de protección infantil.
«Además de la Convención sobre los Derechos del Niño, está la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Carta de las Naciones Unidas», explicó Yanez Vargas.
«Nuestra Constitución, en su artículo 23, establece que esos pactos y tratados tienen jerarquía [en la Carta Magna]. Por tanto, la integridad física y psicológica de Maikelys, su derecho a estar con sus padres, debe ser garantizado y exigido ante cualquier instancia internacional», añadió.
El caso ha escalado en la opinión pública gracias a la denuncia de la madre, Yorelis Bernal, quien tras su deportación a Venezuela alertó que su hija fue retenida por las autoridades migratorias estadounidenses.
La niña permanece bajo custodia sin la compañía de ninguno de sus padres: su madre está en Caracas, mientras que su padre se encuentra privado de libertad en El Salvador.
«Estamos ante una situación de separación forzada que vulnera todos los principios internacionales de protección infantil», advirtió Yanez Vargas.
La acción de la Fiscalía venezolana
El Ministerio Público venezolano ha designado dos fiscales especializados en materia de protección de niños, niñas y adolescentes para encabezar la investigación. Además, ha iniciado un recurso de amparo constitucional. Para Yanez Vargas, estas acciones representan «el primer paso dentro de lo que jurídicamente conocemos como restitución internacional».
La jurista explicó que esta figura legal se basa en el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
“Este procedimiento busca asegurar el regreso de un niño o niña a su residencia habitual. En este caso, la residencia habitual de Maikelys debe considerarse junto a su madre, quien se encuentra actualmente en Venezuela. Por tanto, corresponde activar los mecanismos de restitución”, enfatizó.
Pero la dimensión jurídica no puede aislarse del contexto político. La relación tensa entre Venezuela y Estados Unidos podría influir negativamente en la resolución del caso, advierte la especialista.
«Hay que confiar en que Venezuela, como país garante, está dispuesta a mediar y llegar a acuerdos dentro del marco internacional. Nuestra Constitución, desde 1999, ha ampliado y fortalecido el respeto a los derechos humanos. Aquí el derecho a la integridad debe prevalecer», sostuvo.
Consecuencias de las separaciones forzosas
Yanez Vargas insistió en que la integridad es «ese conjunto de condiciones físicas, psicológicas y emocionales que permiten a una persona vivir sin menoscabo alguno».
En ese sentido, alertó sobre los daños irreversibles que pueden derivarse de la separación prolongada entre la niña y su madre. «Es un acto de violencia institucional que atenta contra su desarrollo, su identidad y su seguridad emocional», afirmó.
Cuestionada sobre si prácticas como esta persisten en la política migratoria estadounidense, la especialista fue contundente: «Sería irresponsable decir que hay datos recientes, pero sabemos que este no es un caso aislado. La diferencia es que la familia Espinoza pudo hacerlo viral. ¿Cuántos más no se denuncian?», subrayó.
Frente a esta realidad, recomendó un seguimiento constante al caso por parte de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Cancillería. «Ya es un caso público y notorio. Debe mantenerse el foco diplomático y jurídico, porque se trata de una grave vulneración de derechos humanos», recalcó.
En un contexto en el que muchos niños migrantes continúan siendo víctimas de políticas punitivas y discriminatorias en el hemisferio norte, el caso de Maikelys Espinoza ha despertado un amplio movimiento de solidaridad en Venezuela. «Tenemos ejemplos exitosos de restitución internacional, incluso con Colombia. Esperamos que este también culmine de forma armónica y respetuosa con la soberanía de ambos países», señaló Yanez Vargas.
La especialista concluyó con un llamado a mantener la perspectiva de derechos humanos como eje rector del proceso: «Nuestro marco legal constitucional jerarquiza los tratados internacionales. Eso nos permite avanzar y restituir situaciones infligidas, sobre todo en temas tan sensibles como la niñez. El interés superior del niño debe ser innegociable».
