En la reunión de la Comunidad Política Europea, Pedro Sánchez buscó aliados para morigerar la matanza en Gaza. Invitado a la cumbre de la Liga Árabe, colabora en una resolución para la ONU en favor de Palestina. Antes, en el Parlamento, aseguró no comerciar «con un Estado genocida». Pero en la práctica, el gobierno ‘socialista’ mantiene todas las relaciones con Israel.
El 15 de mayo, el ministro de Exteriores de Israel convocó a la embajadora española en Tel Aviv para recibir una amonestación por las «duras declaraciones» realizadas en la víspera por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En sede parlamentaria, este había asegurado que «España no comercia con Estados genocidas», al ser interpelado por un diputado al respecto.
España, que es uno de los países de la UE que reconoce al Estado palestino, mantiene una tensa relación diplomática con Israel. Hasta ese momento, Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se habían cuidado mucho de calificar de ‘genocidio’ la situación en Gaza, si bien la ministra de Defensa, Margarita Robles, la describió en 2024 como un «auténtico genocidio». Y antes, en 2023, la ministra saliente de Derechos Sociales, Ione Belarra, llamó a cortar las relaciones con Israel.
El Estado judío retiró a su embajadora en Madrid luego de que España reconociera el Estado palestino en mayo de 2024. El puesto sigue vacío. La relación diplomática es tirante, también a resultas del desencuentro entre ambos Gobiernos, a causa de la rescisión unilateral del Ejecutivo español de un contrato para adquirir 15 millones de balas a una empresa israelí para la Guardia Civil por valor de 6,6 millones de euros.
Tal decisión enfureció a Israel, que desde su servicio de Exteriores acusó a España de seguir «situándose del lado equivocado de la historia contra el Estado judío». En realidad, el Ejecutivo de Sánchez, que venía asegurando reiteradamente que el país cesó de vender o comprar armas al Estado hebreo con posterioridad al otoño de 2023, cedió -temporalmente, cuidado- a las presiones de su socio de coalición, Sumar, y de sus socios parlamentarios, en aras de evitar una crisis de Gobierno.
Una realidad bipolar y equívoca
Las relaciones comerciales hispano-israelíes no se han resentido en ningún vector. A finales de abril, una investigación del Centro de Estudios por la Paz Mariano Delàs de Barcelona consignó la adjudicación de hasta 46 contratos de compraventa de armas a empresas israelíes por valor de 1.044,5 millones de euros y hasta 88 envíos de material militar al país hebreo desde finales de 2023.
Como justificación, Pedro Sánchez declaró en sede parlamentaria el 8 de mayo que «los contratos que circulan en medios presentan innumerables imprecisiones, repeticiones e interpretaciones erróneas». Al día siguiente, el Centro Delàs emitió un comunicado donde afirmaba que sus investigaciones eran fruto de una «exhaustiva búsqueda de información en la Plataforma de Contratación del Sector Público». Es decir, recabó datos de una fuente oficial de acceso libre.
«Si existieran imprecisiones en el contenido del listado de contratos, estas serían imputables al Gobierno, responsable del contenido de la Plataforma de Contratación del Sector Público, y debería rectificarlas», argumentó el Centro Delàs en su misiva.
La actitud del Gobierno ‘socialista’ no termina de encajar con los anhelos de su electorado, en especial el de su socio Sumar, históricamente aún más comprensivo con la causa palestina. ¿Es rehén Sánchez de un contexto internacional complejo o ejerce con disimulo una realpolitik respecto a Oriente Próximo?
Sus declaraciones, tanto negando el comercio armamentístico con Israel como caracterizando a este de Estado genocida, se produjeron al calor de un encendido debate en el Congreso. «Y ahí a veces hay un componente de consumo interno y confrontación parlamentaria», recuerda a Sputnik el historiador Santiago Martínez.
«Sánchez debe mostrar preocupación y crítica hacia el genocidio cometido por el régimen de Netanyahu por el bien del PSOE en la política interior. Es indudable que una gran mayoría de los españoles está en contra del genocidio, especialmente los votantes de izquierda, muy críticos con el sionismo israelí».
Por otra parte, se utiliza como excusa una motivación histórica por la que España «siempre» ha cuidado la relación con Israel, recuerda Martínez, por el judaísmo expulsado de España en los siglos XV y XVI, la tribu llamada sefardí.
En busca de apoyos europeos y árabes
Sánchez acudió en Tirana a la IV edición de la Comunidad Política Europea, un foro donde el 16 de mayo se debatieron asuntos ligados a la competitividad económica, la seguridad y las fronteras.
Pero el presidente del Gobierno español, junto con su homóloga islandesa, auspició en la capital albanesa una reunión paralela denominada Gaza Moment, con participación de los líderes de Malta, Noruega, Eslovenia, Luxemburgo e Irlanda. El motivo, elaborar un documento para intentar poner fin al genocidio en Gaza y elevarlo a la Asamblea General de la ONU en calidad de resolución, también con el propósito de desbloquear la entrada de ayuda humanitaria en la franja.
Falta de coherencia y ética
La iniciativa suscrita en la reunión Gaza Moment tuvo un preludio en la postura avanzada por Emmanuel Macron, cuando explicó ante la prensa que el sur global no entiende «en absoluto» a la UE «en lo que respecta a Ucrania si permanecemos en silencio sobre Gaza».
Sin embargo, si la preocupación actual de Francia y parte de la UE por el destino de los palestinos emana de la necesidad de promover sus enfoques sobre el conflicto en Ucrania, significa que tal preocupación no es genuina, sino interesada. Es también el caso de España, dada la incongruencia mostrada en el plano comercial con Israel.
«Las declaraciones de Sánchez dan a entender un giro en la política exterior española, priorizando los principios éticos sobre intereses estratégicos», sostiene Martínez, que destaca sin embargo que la «falta de coherencia» entre su discurso y las acciones comerciales armamentísticas, «socava su credibilidad».
En realidad Sánchez, que de socialista tiene poco y nada, está sometido a presiones internas y externas, puesto que acceder a un embargo total de armas, como es la exigencia de la izquierda española, implicaría «medidas drásticas, y tensiones con los sectores industriales -todos derechistas y que no quieren perder el negocio- y los países prosionistas», mayoría absoluta en Occidente.
Sputnik / La Haine
