El Estado español ha sido reprendido por el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU por su actitud ante la denuncia de torturas de Raúl Fuentes, durante su detención en Bilbo en 1991 por parte de la Policía española. Se trata de un caso que este preso vasco (cumple condena en Martutene) ya llevó en su día hasta el Tribunal Constitucional español. Según ha informado Giza Eskubideen Behatokia, el CAT constata que «existieron indicios razonables» de tortura y «tira de las orejas» al Estado español por no investigarlas ni purgarlas.
Con ello, el CAT emite dictamen favorable a la queja de Fuentes. Según los expertos internacionales que lo forman, esos indicios de tortura «no han sido disipados por el Estado parte» y la falta de investigación resulta incompatible con la obligación de proceder a una pronta investigación prevista en el artículo 112 de la Convención Europea.
Pero este caso tiene además una novedad respecto a otros anteriores, explica GEBehatokia. El Comité censura a Madrid que «las autoridades archivaron la denuncia del autor sobre la tortura y malos tratos» alegando «la prescripción del delito de tortura». Y recuerda que, en base a la legislación internacional, este delito es imprescriptible dados los efectos permanentes que la tortura deja en la persona. Se trata de un extremo en el que insistió el exRelator de la ONU Fabián Salvioli en su reciente visita a Euskal Herria. Y también una cuestión que Fuentes había peleado ante el Constitucional español.
naiz / insurgente
