Casi un centenar de personas de todo el Estado español detenidas por la Policía franquista se han unido para dirigir una carta conjunta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y al Comité contra la Tortura de la ONU pidiéndoles que obliguen al Estado español a investigar las torturas sistemáticas llevadas a cabo durante el franco tribunales y de comprobar que la ley de memoria democrática de 2022 se ha quedado corta , al no haberse derogado la ley de amnistía de 1977, que bloquea toda investigación. La acción se ha presentado este jueves, en el salón de actos de la cárcel de la Modelo con la campaña “Nunca es tarde para hacer justicia, pero debe ser ahora”, para recoger firmas de la ciudadanía y las entidades.
Es una iniciativa impulsada por Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, el Ateneo de Memoria Popular, la Asociación Catalana de Expresses Políticos del franquismo, La Comuna, Òmnium Cultural y la Comisión por la Dignidad y otros colectivos. La directora de Irídia, Anaïs Franquesa; el presidente de Òmnium, Xavier Antich , y Pilar Rebaque, de la Comisión de la Dignidad, han participado en el acto con los represaliados.
“Con todo el respeto, pero también toda la convicción , les pedimos que pongan fin a esta impunidad porque nunca es tarde para hacer justicia, pero debe estar ahora , mientras todavía estamos vivos, mientras los perpetradores todavía pueden responder por los actos horribles (e imprescriptibles) que cometieron” , concluye la carta dirigida a los organismos internacionales.
La carta, con las firmas de apoyo, se adjuntará en la demanda que presentará la acti vista y presidente de la Asociación Catalana de Personas Ex Presas Políticas del franquismo, Carles Vallejo, en el TEDH y en la ONU para pedir que ordenen investigar los crímenes del franquismo, después de que todos los tribunales le hayan cerrado la puerta, constitucional”. La demanda de Vallejo se presentará en septiembre y después la de los hermanos Maribel y Pepus Ferríandiz, también vejados en la comisaría de Via Laietana y que la justicia española también les ha vetado investigar a sus agresores.
Sònia Olivella , coordinadora de litigios de Irídia ha explicado que el tribunal de Estrasburgo ha rechazado otras demandas de torturados por el franquismo, aduciendo que llegaban tarde a los tribunales europeos, y que existía una demora excesiva. Y ha afirmado: «¿Queremos que el tribunal nos diga cuándo tenían que ir las víctimas . ¿En los años 80 cuando todavía había torturas en las comisarías? En los años 90, ¿con el pacto de silencio?; en el 2000, cuando se juzgó al único juez español que quería investigarlo?» Y ha concluido: «Las torturas del franquismo no son historia pasada . Son impunidad presente. Las víctimas no han llegado tarde porque es el Estado el que, conociendo sus reclamaciones, ha impedido la justicia; desde el año 79 el Estado español tiene la obligación por convenio de investigar y juzgar las torturas del franco».
Por su parte, Carles Vallejo , expreso político ha asegurado: «No somos nosotros las que tenemos que justificar por qué no hicimos el recurso antes: el momento es ahora. Las víctimas y las represaliadas seguimos luchando contra la impunidad», y ha añadido: «Tuvimos el valor de luchar en una sociedad traumatizada por el franquismo, ya pesar de la violencia de injusticia.”
Maribel Ferrándiz , activista por la memoria, represaliada en Via Laietana y en la cárcel de Trinidad, también ha denunciado que «se hace apología del franquismo en el propio Congreso de los Diputados» y ha reivindicado que los activistas deben ser «la punta de lanza para que se haga justicia, no sólo por nosotros sino por los miles de personas represalias» conozcan qué ocurrió realmente.
En el acto, también ha intervenido Rosa García , miembro de La Comuna y represaliada en la Dirección General de Seguridad en Madrid -sede de la que reclaman que sea espacio de memoria, como Via Laietana -, ha enviado un mensaje optimista, y explicando que recientemente se han aceptado dos querellas en juzgados españoles, como la del crimen de Teó con Teó Martín Villa, y un juzgado de Padrón por la detención y torturas de Manuel Reboiras en 1975.
«Llevamos más de 15 años luchando por revertir el muro de impunidad que se construyó tras la muerte de Franco para evitar juzgar e investigar los crímenes del franquismo y la transición. Este muro empieza a resquebrajarse, y nosotros debemos estar», ha declarado García y ha añadido: «Es imprescindible derogar la ley de amnistía . que los crímenes del franquismo son de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles”.
elnacional / insurgente
