Juan Lehmann (Sputnik).— Argentina recibió un duro revés judicial en los tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska ordenó al país transferir el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la firma de mayoría estatal más importante del país, como parte del pago de una sentencia por 16.100 millones de dólares.
La medida, aunque apelable, representa un paso decisivo en el proceso iniciado por antiguos accionistas que reclamaron ser compensados tras la nacionalización de la empresa en 2012.
“Vamos a apelar en todas las instancias que correspondan”, escribió en redes sociales el presidente Javier Milei. Pero la decisión judicial representa un obstáculo de magnitud: no solo compromete el control estatal sobre la compañía más estratégica del país, sino que también agrava el frente financiero del Gobierno, cuyas reservas netas se mantienen en niveles negativos pese al reciente apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Preska estableció que Argentina debe transferir las acciones a una cuenta del Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días. Desde allí, serán entregadas a los demandantes. Si bien el fallo no afecta a YPF como empresa, ya que mantiene un 49% de su capital en manos privadas, el golpe económico e institucional es significativo. Actualmente, la firma aporta el 1,5% del PIB argentino y lidera el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, yacimiento clave para la balanza energética.
El origen de la demanda se remonta a 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) expropió el 51% de YPF, entonces en manos de Repsol. Además de la compañía española, participaban como accionistas las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, del grupo argentino Eskenazi —muy cercano a la familia Kirchner—, que habían comprado su participación endeudándose y sin controlar la gestión. Tras la expropiación, ambas entraron en concurso de acreedores en España.
Los derechos de litigio fueron adquiridos principalmente por Burford Capital, un fondo especializado en financiar demandas judiciales de empresas quebradas, en una estrategia similar a la de los llamados «fondos buitre». En 2023, Preska condenó a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares a los demandantes.
Según la magistrada, Argentina violó el estatuto de YPF al no lanzar una oferta pública por la totalidad de las acciones al momento de la expropiación. El Gobierno había intentado argumentar que el caso debía resolverse en tribunales locales y que la expropiación fue legal, ya que se pagaron 5.000 millones a Repsol. Pero Preska desestimó ese argumento, amparándose en la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de Estados Unidos, que limita la capacidad de los Estados para evitar embargos en territorio estadounidense.
El contexto financiero en Buenos Aires no hace más que complejizarse. Según datos oficiales, Argentina mantiene un déficit de reservas netas de 4.200 millones de dólares y, en las últimas semanas, se multiplicaron las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario para contener las expectativas de devaluación. La pérdida del control de YPF afectaría no solo el plan energético oficial, sino también la capacidad de garantizar ingresos por exportaciones.
Si bien la sentencia no implica un desembolso inmediato, deja al país en una situación más vulnerable frente a los mercados.
¿Antecedente peligroso?
«Esto puede abrir la puerta a un antecedente peligroso para la soberanía de los países. Acá hay una intromisión de Washington», dijo a Sputnik Alejandro Olmos Gaona, historiador especializado en la deuda externa argentina.
Para el investigador, la decisión judicial no solo compromete los intereses nacionales, sino que marca un precedente que podría afectar a cualquier Estado que entre en disputa con inversores protegidos por los tribunales estadounidenses. «Está en juego que se abra la puerta a arbitrariedades que decida la Justicia norteamericana», sostuvo.
El experto cuestionó la solidez jurídica del fallo de Preska. «La decisión de obligar a la cesión del 51% de la compañía es infundada, porque no existen antecedentes de una exigencia de este tipo», remarcó. Según su interpretación, el proceso de estatización de la empresa —impulsado en 2012— fue legítimo desde el punto de vista constitucional, ya que contó con la aprobación del Congreso y se sustentó en la figura de utilidad pública.
«Es absurdo suponer que el estatuto de una empresa es superior a la Constitución Nacional», añadió.
A su juicio, el conflicto revela una tensión más profunda entre la legalidad interna de los países y el poder de decisión de cortes extranjeras ante demandas privadas. El caso YPF podría «funcionar como punto de inflexión en futuras controversias sobre soberanía económica y control de los recursos estratégicos en América Latina», destacó.
La disputa jurisdiccional
El telón de fondo excede a los intereses del país austral. Según Olmos Gaona, la Justicia norteamericana «no tiene nada que hacer en este caso», dado que «para que el Estado pueda ser juzgado en otra jurisdicción, debe renunciar abiertamente, cosa que no ocurrió», explicó.
Según el especialista, la diferencia clave con otros casos en tribunales extranjeros es que este no involucra títulos de deuda: «Esto no es una emisión de bonos, donde sí se establece la renuncia a la jurisdicción y se la cede a Estados Unidos». En el caso de la estatización de YPF, no existe ningún documento que haya habilitado legalmente a Washington a intervenir.
El investigador también apuntó contra la interpretación de la jueza Preska, que usó el estatuto de la compañía como base del fallo: «El Estado expropió amparado en la Constitución, amparado en la utilidad pública que detenta la empresa».
Desde esta perspectiva, el conflicto conlleva un fuerte componente político, además del legal. «Esto ha sido votado por el Congreso en su totalidad, lo cual blinda de legitimidad la medida ejecutada», concluyó.
