La reciente huelga que ha sacudido la provincia de Cádiz este mes de junio de 2025 ha vuelto a colocar sobre la mesa esas preguntas fundamentales.
Durante las últimas semanas, centenares de trabajadores del sector naval e industrial gaditano se han declarado en huelga, protestando contra despidos masivos, externalizaciones, congelación salarial y el incumplimiento sistemático de convenios colectivos. Las protestas, que comenzaron en los astilleros de Puerto Real y San Fernando, pronto se extendieron a otros centros de trabajo de la Bahía. El descontento no tardó en convertirse en movilización activa.
Sin embargo, mientras las calles de Cádiz ardían en marchas, piquetes, bloqueos y enfrentamientos con la policía, las sedes de CCOO y UGT permanecían extrañamente tranquilas. Lejos de respaldar con contundencia la lucha de los obreros, las direcciones provinciales y regionales de estos sindicatos han optado por el camino habitual: reuniones discretas con la patronal y las autoridades, búsqueda de “acuerdos razonables” y llamados al diálogo social.
Una vez más, el sindicalismo institucional ha jugado el papel de bombero del conflicto, intentando desmovilizar, rebajar las exigencias obreras y evitar una radicalización que pudiera “desbordar el marco legal”.
Según testimonios recogidos por colectivos de base, la ruptura entre los trabajadores y sus supuestos representantes sindicales es cada vez más profunda.
“Nos han dejado solos”, declaraba un portavoz de la plantilla de Dragados Offshore,
“han firmado acuerdos sin consultarnos, han aceptado la pérdida de derechos que llevamos décadas defendiendo”.
Pero lo más grave, como han denunciado varias asambleas obreras surgidas al calor de la huelga, es que los grandes sindicatos no sólo han abandonado la lucha, sino que han saboteado activamente las iniciativas autónomas de los trabajadores.
Se han negado a convocar huelgas generales en toda la provincia, han deslegitimado públicamente los cortes de carretera organizados por la base, y han lanzado comunicados criminalizando la protesta combativa.
En este contexto, la indignación se ha traducido en organización autónoma. Han surgido comités de huelga al margen de las estructuras oficiales, se han reactivado redes solidarias en los barrios, y se han sumado al conflicto, estudiantes, parados y movimientos sociales.
La huelga en Cádiz ha dejado de ser sólo laboral: se ha convertido en un grito generalizado contra la precariedad, el abandono institucional y la domesticación sindical.
Este episodio no es aislado. Forma parte de una tendencia que se repite en todo el Estado español: una profunda crisis de legitimidad del sindicalismo mayoritario, cada vez más alejado de los intereses reales de la clase trabajadora. Mientras UGT y CCOO gestionan fondos de formación, subvenciones estatales y mesas de concertación, miles de trabajadores se organizan desde abajo para defender su dignidad, sin esperar nada de quienes ya los han traicionado demasiadas veces.
Lo que está ocurriendo en Cádiz no es sólo una huelga. Es también una ruptura. Una fisura en el modelo de relaciones laborales que se pretende imponer. Y en esa fisura crece la esperanza de una nueva organización obrera: más horizontal, combativa y ajena a los pactos que sólo benefician a las empresas y al Estado.
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