Las prácticas fascistas del gobierno del Reino Unido continúan al alza. No importa que gobierne la derecha más rancia o el Partido Laborista, que, por más que los progres del mundo (incluidos los de este engendro que llamamos España), también es derecha rancia. No hay más que observar mínimamente su comportamiento, tanto en su política nacional como internacional, para darse cuenta de ello.
Ayer, miércoles, la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó la proscripción de Palestine Action como “organización terrorista”. La medida, propuesta por el Partido Laborista a través del Ministerio del Interior, cuya ministra es Yvette Cooper, del citado partido, se aprobó con 385 votos a favor y 26 en contra.
Ahora, con la puesta en marcha de la nueva aprobación, “la pertenencia, el apoyo o la financiación” de Palestine Actión puede implicar penas de hasta 14 años de prisión.
Como recordarán, Palestine Action ha sido conocida por sus acciones directas contra empresas vinculadas a la industria armamentística israelí en territorio británico, especialmente contra instalaciones de Elbit Systems.
Con sus votos, el Partido Laborista, el Partido Conservador y Reform UK respaldaron la proscripción, mientras que los Liberal Demócratas, el Partido Nacional Escocés (SNP) y Plaid Cymru se abstuvieron; los Verdes e Independientes votaron en contra. Las autoridades londinenses argumentaron en el debate parlamentario que las actividades del grupo “suponen una amenaza para la seguridad pública y el orden democrático”.
Organizaciones de derechos civiles y movimientos sociales han criticado la decisión de la Cámara de los Comunes, y han advertido que la medida supone un grave precedente para la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Reino Unido.
Por su parte, desde Palestine Action han acusado la decisión de “abuso de poder”. También han denunciado que la proscripción “es un ataque directo a la acción directa contra la industria armamentística israelí”, por lo que organizarán actos de resistencia y debate sobre la respuesta colectiva a la ilegalización. Palestine Action impugnará judicialmente la medida, con una audiencia urgente prevista para el viernes.
También Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto. Expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos han instado al Gobierno británico a reconsiderar la medida, argumentando que “los actos de daño a la propiedad sin intención de poner vidas en peligro no deberían ser considerados terrorismo”.
Finalmente, el promotor de la ilegalización del de Palestine Action, el Ministerio del Interior británico, justificó la decisión señalando que “la violencia y los daños criminales no tienen cabida en una protesta legítima” y que “es necesario un enfoque de tolerancia cero para proteger la seguridad nacional”.
