El gobierno estadounidense está desesperado por quitarse de encima a los emigrantes, etiquetados de “irregulares”, y enviarlos lo más lejos posible. Ha deportado a ocho de ellos a Sudán del sur, donde han sido encarcelados. Solo uno de ellos es originario del país africano.
Los emigrantes plantearon una batalla legal a la Casa Blanca, hasta que la semana pasada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó su expulsión a un país asolado desde hace años por la guerra civil.
Dos birmanos, dos cubanos, un vietnamita, un laosiano, un mexicano y un sursudanés fueron expulsados de Estados Unidos en mayo. Anteriormente habían estado confinados en una base militar estadounidense en Yibuti, en África. Los ocho se encuentran actualmente en Yuba, la capital de Sudán del sur.
Es uno de esos países típicos destruidos del Tercer Mundo y en el que hay una de esas “misiones” de la ONU casi permanentes para firmar algún tipo de acuero de paz. La población sobrevive gracias a la “ayuda exterior” porque padece una “crisis humanitaria” y le quieren abrir otro frente. El gobierno de Yuba no ha proporcionado detalles, pero ha aclarado que la decisión forma parte de un “compromiso bilateral continuo” entre ambos países, lo cual significa que el gobierno títere del Sudán del sur acogerá a los deportados a cambio de dinero.
“Sudán del sur respondió positivamente a una solicitud de las autoridades estadounidenses, como muestra de buena voluntad y cooperación humanitaria”, dice el gobierno. Sin embargo, la expulsión de emigrantes a este tipo de países, los expone a torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
Ayer Sudán del sur celebró su 14 cumpleaños. Lo independizaron de Sudán en 2011. Es el estado más joven del mundo y también uno de los más pobres, a pesar de su riqueza petrolífera. Dos años después de su surgimiento, el país se sumió en una guerra civil, que dejó 400.000 muertos y dos millones de desplazados que malviven en campamentos y otros dos de refugiados que han abandonado el país.
La guerra terminó en 2018 con un precario acuerdo entre el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar. Sin embargo, en marzo la detención de este último reavivó el espectro de una nueva guerra.
