La selección pinareña de La Palma, campeona nacional en la categoría 9-10 años de las Pequeñas Ligas de softbol femenino, debía participar desde este 14 de julio en el torneo regional del Caribe rumbo a la Serie Mundial.
Sin embargo, aunque las 14 niñas recibieron el visado, los siete adultos que debían acompañarlas fueron excluidos sin justificación válida por la embajada estadounidense en La Habana.
Esta negativa convierte un evento deportivo en víctima colateral del viejo diferendo entre Cuba y Estados Unidos, una grieta política que no distingue edades ni propósitos. Ni siquiera el carácter formativo y simbólico del certamen fue suficiente para frenar una medida que, lejos de proteger a nadie, expone a menores a la indefensión y priva a toda una comunidad de un anhelo colectivo.
La Federación Cubana de Béisbol y Softbol denunció lo ocurrido como parte de una conducta sostenida de obstrucción, que este mismo año ha imposibilitado la presencia o la participación completa de otros equipos cubanos en eventos internacionales, incluidos algunos celebrados en suelo estadounidense.
Este episodio no es solo una afrenta al deporte, sino también a los compromisos internacionales que suponen respeto, inclusión y garantías mínimas para quienes solo aspiran a competir en igualdad. No hay valores en juego más allá de la voluntad de unos pocos por hacer del deporte un rehén de sus políticas.
Cuba ha reiterado su preocupación por las futuras implicaciones de este tipo de acciones, que podrían comprometer incluso la presencia del país caribeño en citas como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o el venidero Clásico Mundial de Béisbol.
