Seis sindicalistas condenadas a tres años y medio de cárcel por una acción sindical en Gijón en 2016, conocidas como “las seis de La Suiza”, han ingresado en prisión de forma inmediata tras decretar el juzgado Penal 1 de Gijón su ingreso para cumplir la pena sin dar tiempo a que se resuelva el recurso en trámite ya que habían presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la revisión de su caso, tras no lograr que el Constitucional aceptara su recurso. En el intervalo, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, les condenó en una sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo en el 2024, por su autoría en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por su participación en las movilizaciones que llevaron al cierre de la Pastelería La Suiza, en Gijón.
Los hechos se remontan a 2016 cuando una empleada de la Pastelería La Suiza de Gijón, pidió el asesoramiento jurídico a un sindicato tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual. El sindicato se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora, pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que se convocaron varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada. Por otro lado, el empresario denunció a los participantes por un presunto delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia, alegando que por culpa de ello tuvo que cerrar su negocio. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había mantenido una reunión con ellas en las que se comprometió a interceder por el indulto con el resultado por todos conocido.
Esta condena supone una vulneración del derecho a la acción sindical y deja bien a las claras a qué intereses sirve la justicia española. La resolución del Supremo considera que participaron en una campaña de hostigamiento y de coacciones al empresario y que “queda probado que las intenciones de presionar al empresario para conseguir los fines previstos por las recurrentes”, así como que “la metodología llevada a cabo y que consta probada no integra un ejercicio de la libertad de expresión dentro del ejercicio de la libertad sindical suponen prácticas coercitivas impidiendo el ejercicio libre de una actividad comercial con presiones continuadas de los recurrentes que han cometido ilícitos penales por los que son condenados –continuaba el fallo– por concertarse y confabularse para presionar a un empresario cuando éste lleva a cabo su actividad comercial y en las puertas de su establecimiento”. Traíamos también hace unos días el caso de la huelga de Acerinox donde se pide para los sindicalistas que sostuvieron una huelga de cuatro meses y medio una pena de 6 años y una multa económica de 28 millones de euros.
Esto demuestra que la actividad sindical, si no pasa por el conducto de los sindicatos amarillos, que son parte del engranaje del estado para dormir a los trabajadores, está duramente reprimida tanto por el poder legislativo como por la represión de los ejércitos permanentes del estado burgués, recordemos las tanquetas en la anterior huelga del metal que mando Yolanda Díaz contra los manifestantes. La actividad sindical tiene que pasar por el tamiz de una justicia de clase que defiende los intereses de la burguesía y el sindicalismo y las personas que lo ejercen son duramente reprimidos mediante la violencia física y los encarcelamientos. El estado español que es fiel lacayo de la burguesía y que defiende sus intereses sirviéndose de todos los resortes a su alcance, acumula ya un número creciente de presos políticos, algunos con cadenas perpetuas encubiertas. Ante esta tesitura, a la clase obrera sólo le queda organizarse para superar este sistema económico de explotación para expropiar a los expropiadores con la construcción del socialismo mediante la dictadura del proletariado. En el camino, todos los derechos que la democracia burguesa otorga a los trabajadores son papel mojado, como el derecho a huelga, asociación y manifestación o el derecho a una vivienda. Nuestro Partido, el PCOE, se solidariza con estos nuevos presos políticos y actúa de catalizador del proletariado revolucionario. Desde el PCOE trabajamos sin descanso en la organización del proletariado bajo la ciencia del marxismo-leninismo, recogiendo lo más fecundo de sus extensas filas y seguiremos en pie a pesar de la represión.
¡El sindicalismo no es delito!
¡La única salida es revolucionaria!
¡Libertad presos políticos!
COMISIÓN DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)