La UNE aseveró que ese proceso “se está ejecutando de forma abrupta y sin las debidas garantías legales para los afectados”.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización sindical señaló que el proceso carece de evaluaciones técnicas y no ha sido notificado formalmente a los trabajadores, lo cual representa una vulneración de derechos laborales y un acto de precarización institucional.
“El Gobierno presenta esto como parte de una reestructuración, pero en la práctica son despidos disfrazados de tecnicismos. No hay planificación, alternativas ni acompañamiento”, advirtió la UNE.
Igualmente, cuestionó la ausencia de medidas compensatorias o programas de reinserción laboral capaces de amortiguar el impacto de esta decisión, que constituye un debilitamiento de los servicios públicos, especialmente en sectores estratégicos como la educación.
“No se trata de reorganización, sino de abandono del Estado a su propia estructura de atención”, señalaron.
La semana pasada, Carolina Jaramillo, vocera presidencial, anunció la reestructuración gubernamental, con una reducción de ministerios y con despidos de cinco mil funcionarios públicos que responden a una depuración bajo el argumento de que “obstruían” el trabajo en sus instituciones.
Artistas, indígenas, sindicalistas, políticos y diversos sectores de la sociedad ecuatoriana rechazaron el plan de eficiencia administrativa del gobierno de Daniel Noboa.
El mandatario defendió la decisión y afirmó que con la reestructuración y las desvinculaciones se ha ganado en eficiencia y se refirió a otros países que tienen modelos similares.
