La medida legislativa, impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con el respaldo de sus correligionarios del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) y de la senadora Joanne Rodríguez Veve, del conservador Proyecto Dignidad, otorga a los padres la objeción de cualquier curso, materia o charla relacionada con temas sexuales.
Igualmente, le legislación que enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) obliga a ofrecer evaluaciones alternativas si el contenido objetado es requisito para aprobar el curso escolar.
«Este derecho incluye la posibilidad de notificar al Departamento de Educación cualquier objeción respecto al contenido y la oportunidad de tener evaluaciones alternativas en caso de que cierto material objetado sea requisito para aprobar algún curso o materia», especifica la nueva ley.
Además, el organismo educativo deberá notificar previamente cualquier evento educativo que aborde sexualidad o afectividad, lo que según sus proponentes persigue «garantizar transparencia y respeto a los valores familiares».
Sectores educativos, profesionales de la salud y organizaciones por los derechos humanos contrarios a la legislación del oficialista PNP advierten que se trata de exclusión en perjuicio de la formación integral de los alumnos.
La legislación genera inquietud en sectores, que advierten que esta determinación podría limitar el acceso de los estudiantes a información científica, inclusiva y basada en derechos, especialmente en lo que respecta a salud sexual, relaciones afectivas, diversidad de género e identidad.
Igualmente, abre la puerta a la censura curricular, al supeditar contenidos académicos a convicciones personales o religiosas, lo que podría profundizar la desigualdad de acceso a educación sexual, particularmente en comunidades con menos recursos o menor orientación.
De este modo se desarticulan esfuerzos de prevención de violencia de género, embarazos adolescentes y transmisión de infecciones de transmisión sexual; se debilita el rol pedagógico del sistema educativo al convertir las objeciones individuales en vetos prácticos sobre contenidos generales, según diversos sectores.
Educadores señalan que la obligación de crear alternativas educativas personalizadas y tramitar objeciones podría generar cargas administrativas innecesarias, desviando recursos que podrían destinarse a prioridades más urgentes.
