El Poder Judicial de Chile condenó a 11 años de prisión al suboficial de Carabineros Luis Antonio Castillo Fernández, responsable de golpear con un bastón o luma en la cabeza a Aalondra, una niño de 14 años en el contexto del estallido social de noviembre de 2019. Pese a que el niño no participaba de las protestas, la agresión sufrida le provocó ceguera total en un ojo y pérdida parcial en el otro, marcando un antes y un después en su vida.
Tras la agresión, la salud física y emocional de Aalondra se deterioró profundamente. Ha atravesado un intento de suicidio, episodios de bullying escolar y un daño psicológico que se suma a la discapacidad visual permanente. Su historia, silenciada durante años, visibiliza la violencia estructural que enfrentaron adolescentes y jóvenes durante las manifestaciones.
En tanto, la de este lunes se trata de una de las condenas más severas dictadas contra un agente policial en el marco del estallido social, un proceso en el que la represión estatal dejó miles de heridos, en su mayoría jóvenes.
Organizaciones de derechos humanos han documentado un patrón de abusos policiales en ese periodo, bajo el mandato de Sebastián Piñera. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró miles de denuncias y casos emblemáticos como el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego por disparos de perdigones. La condena a Castillo Fernández es, según juristas, un avance contra la impunidad, aunque insuficiente frente a la magnitud de los crímenes cometidos.
Un fallo con implicancias históricas
El tribunal destacó la gravedad del ataque contra una menor de edad y su carácter injustificado, al no estar participando en la protesta. La sentencia se suma a un reducido grupo de condenas contra miembros de Carabineros, lo que plantea la urgencia de reformas estructurales en las fuerzas policiales y de un mecanismo real de reparación para las víctimas.
Aunque esta decisión judicial representa un paso hacia la justicia, la deuda con miles de afectados por la represión sigue abierta. Para las víctimas, el fallo es también un llamado a que Chile no repita una política de violencia estatal contra quienes ejercen su derecho a la protesta.
