El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) expresó su rechazo al plan del Gobierno argentino que preside Javier Milei de privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una medida que prevé la venta del 90 por ciento de las acciones de la compañía en un plazo de ocho meses, lo que ha generado rechazo por parte de los trabajadores de la empresa.
En un comunicado, el gremio liderado por José Luis Lingeri criticó la decisión, argumentando que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano esencial y un bien social que no debe estar en manos privadas.
SGBATOS cuestiona la lógica detrás de la privatización, señalando que la experiencia histórica, como la fallida concesión a la transnacional Suez en 2006, demostró que la priorización de la rentabilidad por sobre el acceso universal resulta en un deterioro del servicio, falta de inversión y aumentos tarifarios desmedidos.
El sindicato también refutó las afirmaciones del Gobierno sobre la supuesta ineficiencia de la gestión estatal de AySA, señalando que los indicadores utilizados para justificar la privatización no consideran la calidad ni la performance del servicio, y por lo tanto, no reflejan el compromiso de los trabajadores.
Además, el gremio manifestó su preocupación por la viabilidad de la privatización, preguntándose qué empresa privada estaría dispuesta a invertir los 15 mil millones de dólares que el Gobierno considera necesarios, especialmente para expandir el servicio a sectores que no son inmediatamente rentables y que requieren subsidios estatales.
El SGBATOS advierte que los sectores más vulnerables de la población serán los más afectados, ya que la privatización podría llevar a la interrupción del servicio por falta de pago, negando un derecho básico. El sindicato defiende que el agua no es una mercancía, sino un bien vital que debe ser gestionado por el Estado para garantizar su acceso a toda la población.
El inicio de la privatización de la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, fue formalizado mediante la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada el pasado martes 19 de julio en el Boletín Oficial. La medida forma parte de la política de desguace del Estado que la Administración de Javier Milei impulsa desde su asunción al poder el 10 de diciembre de 2023.
