El Senado argentino inició este jueves 4 de septiembre una sesión clave para definir el futuro de la ley de emergencia en discapacidad, norma que había sido aprobada por unanimidad en julio y luego vetada por el presidente Javier Milei.
La iniciativa contempla medidas de actualización de aranceles y pensiones no contributivas para personas con discapacidad. El veto presidencial fue rechazado la semana pasada en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría y ahora el Senado deberá pronunciarse.
Si el resultado en la Cámara alta también revierte el veto, la ley quedará promulgada de forma automática, lo que marcaría un hecho inédito desde 2003 y un revés político para el Ejecutivo.
La votación se desarrolla en medio de la mayor crisis que atraviesa Milei desde el inicio de su mandato. En las últimas semanas sufrió retrocesos legislativos y se aceleró la devaluación del peso, con impacto directo tanto en los mercados como en los ingresos de los sectores populares.
Al mismo tiempo, un escándalo de corrupción que involucra a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y salpica a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia toma cada vez mayor relevancia. Audios y documentos difundidos en la prensa derivaron en allanamientos y la destitución del funcionario a cargo de la Andis, Diego Spagnuolo.
De ser ciertos, los audios develarían una trama de corrupción por la cual la cúpula mileista se quedaba con un porcentaje de entre un 3% y un 8% de la venta de insumos y medicamentos proporcionados por laboratorio Suizo Argentina; para ello, garantizaban un sobreprecio en el valor pagado por el Estado al laboratorio que alcanzrían un 30% del valor comercial.
En tanto, sectores de la oposición al ejecutivo sostienen que el veto presidencial a leyes sociales, como la de discapacidad o el aumento de pensiones, representa un freno a derechos básicos en un país con alta inflación y deterioro del poder adquisitivo.
Milei justificó sus decisiones por razones fiscales y aseguró que el Congreso aprobó normas sin especificar el financiamiento, lo que, según el Ejecutivo, afectaría el equilibrio de las cuentas públicas.
El desenlace en el Senado marcará un punto de inflexión en la relación de fuerzas entre el gobierno y el Parlamento, en un escenario donde amplios sectores sociales reclaman medidas de protección frente al ajuste económico.
