Un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa de los Estados Unidos denunció recientemente lo que diversos organismos internacionales como la propia ONU ya han señalado: el ataque directo y mortal del pasado martes —donde fueron asesinados 11 civiles sin evidencia alguna de que fueran delincuentes, o representaran una amenaza inminente para la vida de otras personas— contra un barco en el Caribe viola el derecho internacional.
Esto reveló un trabajador del Pentágono en una entrevista con The Intercept ofrecida bajo condición de anonimato. “Estados Unidos ahora ataca directamente a los civiles. Los narcotraficantes pueden ser criminales, pero no combatientes”, afirmó el testimoniante, quien enfatizó el carácter “criminal” del ataque al tratarse de un golpe directo contra civiles.
Además puso en contexto —desde su análisis— el ataque y los despliegues que ha anunciado EE.UU. en el Caribe: la Administración Trump ha allanado el camino para llevar a cabo este tipo de ataques con sus despidos de las principales autoridades legales del Ejército y la Fuerza Aérea a principios de este año.
“Cuando Trump despidió a los principales abogados militares, el resto se dio cuenta de lo que estaba por venir, y en lugar de ser un cortafuegos crucial, ahora son cómplices de este crimen”, expresó en la entrevista.
El presidente Donald Trump justificó el ataque alegando que se trataba de un grupo de narcotraficantes identificados como miembros del extinto Tren de Aragua, y aprovechó la ocasión para arremeter contra el presidente Nicolás Maduro —sin evidencia alguna, como es habitual en el magnate—, a quien acusó de dirigir este grupo y de otros delitos, desconociendo las innumerables muestras de solidaridad que en las últimas semanas han defendido la integridad del mandatario venezolano y de su Gobierno.
Funcionarios y expertos cuestionan justificaciones del secretario de Defensa
La misma jornada del ataque, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, públicamente justificó el acto: “Cada cargamento de cualquier tipo de droga que envenena al pueblo estadounidense es una amenaza inminente”, y agregó: “Una organización terrorista extranjera que envenena a su gente con drogas procedentes de un cártel de la droga no es diferente de Al Qaeda, y serán tratados como tales, como lo fueron en aguas internacionales”.
Estas declaraciones son calificadas de “poco serias” y de haberse formulado después de atacar el barco, por parte de otros dos funcionarios del Pentágono que testimoniaron bajo anonimato.
Por su parte, expertos aseguran que este razonamiento roza el absurdo y no se ampara en un consenso del Congreso de la República: “La designación de Tren de Aragua como organización terrorista extranjera es una designación puramente policial nacional. No otorga ninguna autoridad a las fuerzas armadas para usar fuerza letal“, comentó Todd Huntley, actual director del Programa de Derecho de Seguridad Nacional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
En su opinión, el acto no fue “en absoluto” un uso legítimo de la fuerza.
Expertos: “El Pentágono ha afirmado con frecuencia haber matado a terroristas, cuando en realidad ha matado a inocentes”
No solamente expertos han efectuado estas observaciones. Ilhan Omar, representante demócrata por Minnesota, expresó en un comunicado: “El Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela ni al Tren de Aragua, y la mera designación de un grupo como organización terrorista no otorga a ningún presidente carta blanca para ignorar la clara autoridad constitucional del Congreso en materia de guerra y paz”.
En tanto, Brian Finucane, exasesor del Gobierno estadounidense sobre contraterrorismo y otros asuntos militares, señaló que designar a un grupo como organización terrorista extranjera no otorga, por sí mismo, autoridad para el uso de la fuerza militar; y pese a ello, dentro del poder ejecutivo estas denominaciones se han asumido como autorizaciones para atacar civiles.
“Por lo tanto, la designación del Tren de Aragua y de otras entidades criminales latinoamericanas como OET [Organización Terrorista Extranjera] en febrero anticipó el ataque de esta semana en el Caribe, a pesar de no contar con una base legal real para ello”, dijo Finucane, quien coincide con Huntley.
Estos expertos aseguran que los ataques estadounidenses en todo el mundo —desde Libia hasta Somalia— en la guerra contra el terrorismo han conllevado justificaciones forzadas bajo la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2001 (AUMF), resolución del Congreso que posibilitó el uso de la fuerza militar contra responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2011 en New York.
En todo caso, afirman que el Gobierno no posee ningún argumento plausible para aplicar la AUMF al Tren de Aragua, y no es suficiente con que Trump califique a los cárteles como “narcoterroristas” para llevar a cabo un ataque como el del martes: “El Pentágono ha afirmado con frecuencia haber matado a terroristas, cuando en realidad ha matado a inocentes”.
Inusual número de personas a bordo sugiere que la embarcación no transportaba drogas
No obstante, estos funcionarios y exfuncionarios revelaron algo aún más peligroso, pues dudan que la embarcación atacada el martes transportara drogas debido al número inusualmente grande de personas que estaban a bordo, lo cual no es recurrente en este tipo de operaciones de tráfico.
Esta denuncia y las muestras de que los ataques se han estado planificando desde hace meses aumentan aún más el descrédito de las justificaciones gubernamentales, en opinión de los testimoniantes.
Varios de estos funcionarios sugirieron a The Intercept que el contralmirante Milton “Jamie” Sands III, jefe del Comando de Guerra Especial Naval, habría sido despedido por Hegseth hace un mes a partir de las preocupaciones del primero respecto a los inminentes ataques a buques civiles en aguas internacionales.
Pese a que la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, rechazó que esa fuera la razón del despido del contralmirante, la funcionaria no respondió a las solicitudes de entrevista de The Intercept.
Estas decisiones autoritarias de la Administración Trump, que implican violaciones del derecho internacional mediante el asesinato expreso y público de civiles sin prueba alguna de que representan una amenaza, podrían escalar a una dimensión mayor si se toman en serio la aseveración del secretario de Defensa: “Esto no se detendrá solo con este ataque“.
Los recientes despliegues injerencistas de Washington en el Caribe incluyen alrededor de 4.500 efectivos estadounidenses, siete buques de guerra y un submarino de ataque de propulsión nuclear.
