La movilización parcial tuvo una efectividad contundente, pese a que ser convocado recién ayer y que otra importante paralización, demandada por otra agrupación de transportistas, se realizó hace solo cuatro días.
El grupo convocante, integrado por las principales compañías de transporte urbano de la ciudad, que había optado por desligarse del paro anterior, advirtió al ministro del Interior Carlos Malaver que si ocurre otro asesinato de un transportista, su fracción también protestaría con una paralización.
Tal vez por tal motivo, el Ministerio de Trabajo dispuso que los centros de trabajo admitieran que su personal llegue con un retraso de hasta dos horas y la cartera de Educación permitirá que hoy las clases se dicten por teleconferencia.
Desde temprano se notó la insuficiencia de autobuses, sobre todo en barrios populares, donde se formaron caravanas de autobuses que ocuparon calles y se detuvieron para obstaculizar el tránsito, en los barrios populares de las zonas Norte, Este y Sur de Lima.
Al mismo tiempo, grupos de choferes y sus familiares bloqueaban vías y obligaban a parar a autobuses que llevaban pasajeros y obligaban a estos a descender; acciones que contaban con apoyo del respectivo vecindario.
Numerosos pobladores de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, se agruparon para marchar al centro de Lima, pero la Policía, salvo algunos roces y discusiones con los huelguistas, se limitó a cerrarles el paso.
A media mañana, la presidenta Dina Boluarte insistió en plantear a los transportistas -el sector mas afectados por los asesinatos y la extorsión- que “uno o dos días de paro” no van a solucionar un problema tan grave como la criminalidad.
La mandataria lo dijo en un discurso en el que anunció la desactivación de un millón 594 teléfonos móviles sin propietario definido o usurpadas, como las que usan los extorsionadores para no ser identificados.
El dirigente del transporte Martín Ojeda, quien convocó el paro de hoy, declaró que los transportistas no dialogarán más con el ministro del Interior, quieren hacerlo con la presidenta y el primer ministro Eduardo Arana, en busca de solución a la crisis de inseguridad.
