El conflicto territorial y la criminalización del pueblo mapuche se han agudizado en Chile y Argentina durante el 2025, evidenciando una tensión entre la seguridad estatal, los intereses corporativos y los derechos ancestrales. A pesar de los esfuerzos de diálogo, la desconfianza y la represión prevalecen, poniendo en riesgo la supervivencia cultural y territorial de las comunidades.
En Chile, el corriente año ha sido testigo de un aumento en la persecución a defensores de la tierra. La promulgación de una nueva Ley Antiterrorista a inicios de año, impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric, generó inmediata polémica.
La legislación, concebida supuestamente para combatir la delincuencia organizada y el terrorismo, ha sido criticada por la comunidad mapuche, quienes denuncian que la ley, al ampliar la definición de delito terrorista y habilitar sofisticadas técnicas de investigación, se convierte en una herramienta del Estado para facilitar la criminalización de sus legítimas demandas territoriales y sociales.
El panorama se ve agravado por el modelo extractivista, donde las grandes empresas operan bajo el amparo del Estado. Respaldadas por leyes como la Naín Retamal y la Anti-Thomas, estas corporaciones protegen sus intereses a la vez que se criminaliza a quienes defienden la tierra ancestral.
Las cifras evidencian un despojo histórico en favor de la industria: entre 1994 y 2015, la industria forestal acaparó el 94 por ciento de las tierras en disputa. En contraste, en el mismo periodo, el Estado chileno entregó apenas un 6 por ciento de ese total a las comunidades indígenas, según datos citados por La Izquierda Diario.
Casos como la detención de Francisca Curihuinca, una anciana de 70 años acusada sin pruebas de sustracción de madera, o el hostigamiento contra la comunidad Que Mapu Kintute por defender el río Pilmaiquen de la hidroeléctrica noruega Statcraft, ilustran un patrón de poder que fusiona intereses empresariales y represión estatal.
En mayo, Boric recibió el informe final de la Comisión presidencial para la Paz y el Entendimiento, que proponía el reconocimiento de tierras ancestrales, reparación integral, justicia y desarrollo territorial, con el objetivo de consolidar un nuevo pacto de convivencia.
Posteriormente, en agosto, el Gobierno chileno presentó la consulta de la mencionada comisión. Sus principales medidas incluían un nuevo sistema de tierras, la creación de una agencia de reparación, un tribunal arbitral y una unidad jurídica especializada para los territorios mapuche.
No obstante, la propuesta gubernamental de un nuevo sistema de tierras fue rechazada de manera contundente por más de cien representantes mapuche. Las comunidades denunciaron que la consulta era solo consultiva y no vinculante, y que el proyecto de tierras podría legitimar el despojo al permitir que sus territorios entren al mercado, facilitando su venta o traspaso a empresas inmobiliarias y extractivas.
Argentina: Terrorismo y campaña de odio
Al otro lado de la cordillera, en febrero de 2025, el Gobierno de Javier Milei en Argentina declaró a la resistencia ancestral mapuche como «organización terrorista», culpándola de incendios y ataques a infraestructuras. Esta medida, respaldada por una campaña de odio, abrió la puerta a la criminalización sistemática y detenciones arbitrarias.
La tensión alcanzó un nuevo punto en octubre, cuando el Ministerio de Seguridad incluyó al Mapuche de los binoculares y a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en el registro público de personas vinculadas al terrorismo, una acción que expertos y la propia comunidad califican de persecución política y racial.
El grito de resistencia
Desde Temucuicui hasta la Patagonia, la lucha del pueblo mapuche es una batalla por el derecho a existir. La desaparición e impunidad de activistas como Julia Chuñil, en Chile, se suman a las detenciones arbitrarias, mientras las comunidades exigen atención y acción concreta frente a la satanización institucional. El conflicto mapuche sigue siendo una herida abierta que exige soluciones reales y efectivas para garantizar sus derechos ancestrales y su bienestar.
