Una jornada de protesta contra la megaminería y el proyecto San Jorge en Mendoza, Argentina, culminó la noche del jueves 11 de diciembre con un operativo policial que incluyó el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, resultando en la detención de más de una decena de personas, entre ellas activistas socioambientales, vecinos y trabajadores de prensa.
El Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMza) denunció la represión como una «clara violación a la libertad de expresión» tras el arresto de los periodistas Bautista Franco y Santiago Algoberro, quienes se encontraban realizando la cobertura del «ruidazo» convocado bajo el lema «El agua de Mendoza no se negocia».
Ambos periodistas estaban identificados con sus credenciales, según confirmó el abogado de Franco, Maximiliano Villarreal. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) informó que Franco y Algoberro ya fueron liberados.
La AMPAP y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) exigen la inmediata liberación de todos los detenidos, entre los que se encontraban los hermanos Renzo, Facundo y Adrián Gollano, una familia ya con antecedentes de detenciones en movilizaciones previas contra la minería.
El operativo dejó al menos siete personas lesionadas que requirieron atención médica en el Hospital Carrillo, incluyendo a Luis Pinti, Francis Muñoz Coll, Máximo Alexis Astorga y Daniel Orlando Puebla.
Denuncia de persecución
La AMPAP emitió un comunicado este viernes 12 de diciembre manifestando su «más enérgico y absoluto repudio a la violenta represión» ejecutada por el Gobierno de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. Calificaron la acción como un «grave atropello a las libertades democráticas y los derechos humanos» contra ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la protesta.
Por su parte, la CORREPI advirtió que lo sucedido es un «nuevo capítulo en la política de persecución hacia militantes socioambientales y comunicadores», y que la represión busca «disciplinar la protesta social y desalentar la defensa de los bienes comunes».
El caso de los periodistas detenidos refuerza las denuncias de criminalización de la protesta social y vulneración de la libertad de prensa en la provincia.
El Senado provincial de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del controvertido proyecto el pasado martes 9 de diciembre, con una votación de 29 votos a favor y 6 en contra. Esta decisión se tomó en medio de un rechazo popular.
Contaminación vs. desarrollo económico
El proyecto, promovido por Cornejo y respaldado por el presidente Javier Milei, se extendería por 27 años. Los promotores lo presentan como un motor de crecimiento que generaría un «incentivo económico» de $600 millones de dólares y crearía 4.000 puestos de trabajo.
Sin embargo, organizaciones sociales, asambleas socioambientales, y productores advierten sobre el riesgo de contaminación que implica la mega minería para la cuenca del río Mendoza. Este río es vital, ya que abastece de agua a cerca de 1.5 millones de habitantes (el 75 por ciento de la población provincial), a más de 9.000 industrias y a 250.000 hectáreas de cultivos.
La Asamblea por el Agua ha denunciado que el proyecto utilizará sustancias altamente tóxicas, como el xantato, y liberará metales pesados, poniendo en peligro el recurso hídrico provincial.
El Agua no se negocia: La resistencia ciudadana
En la antesala a la aprobación de la DIA, la consigna «el agua de Mendoza no se negocia» resonó con fuerza en las calles de la capital mendocina, donde se congregaron manifestantes de toda la provincia y el país en una protesta denominada «Gesta libertadora por el agua».
La ciudadanía espera replicar el éxito de 2019, cuando una movilización masiva logró frenar la modificación de la Ley 7.722, una legislación clave que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro o el ácido sulfúrico en la minería, obligando al Gobierno a dar marcha atrás con su flexibilización ambiental.
