“Israel” ordena la demolición de 25 edificios residenciales en un campo de refugiados de Cisjordania

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Las fuerzas de ocupación israelíes han emitido una orden militar para demoler 25 edificios residenciales en el campo de refugiados de Nur Shams, en las afueras de Tulkarem, al norte de Cisjordania, en medio de la alarmante expansión por parte del régimen de Tel Aviv de sus actividades ilegales de construcción de asentamientos.

En respuesta, el gobernador de Tulkarem, Abdulá Kamil, instó a la comunidad internacional, las instituciones de derechos humanos, las misiones diplomáticas y las embajadas a intervenir de inmediato y detener la decisión con urgencia.

Subrayó que la medida refleja la persistencia de la arrogancia israelí y los crímenes de ocupación contra los palestinos que residen en los campos de refugiados de Tulkarem y Nur Shams.

Kamil describió la acción como una campaña sistemática de destrucción y vandalismo contra la población civil y sus propiedades, que ha provocado el desplazamiento forzado de residentes de ambos campos.

El gobernador señaló que estas acciones constituyen una flagrante violación del derecho internacional, los principios humanitarios y las convenciones de derechos humanos.

Reiteró su llamamiento a la acción internacional inmediata para cesar la agresión en curso contra Tulkarem y sus comunidades aledañas. Medios israelíes informaron el viernes que el llamado gabinete de seguridad de “Israel” aprobó planes para formalizar 19 asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. Esto, según funcionarios palestinos, profundiza un proyecto de décadas de robo de tierras e ingeniería demográfica.

El informe también indicó que la decisión también reaviva dos asentamientos avanzados en el norte de Cisjordania desmantelados durante la “desconexión” de 2005.

El medio de comunicación israelí Ynet afirma que el plan “se coordinó con EEUU de antemano”, mientras que el Canal 14 indicó que la iniciativa provino del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, colono y una de las figuras más radicales del gabinete israelí.

La aprobación se produce en un momento en que las fuerzas israelíes y los colonos intensifican la violencia en Cisjordania, en el contexto del genocidio israelí en Gaza, donde más de 70.000 palestinos han muerto desde que comenzó la guerra en octubre de 2023.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 232 palestinos, incluidos 52 niños, han muerto en Cisjordania a manos de tropas y colonos israelíes desde principios de año.

La OCHA también ha registrado más de 1.700 ataques de colonos que causaron víctimas o daños materiales, con un promedio de cinco ataques diarios en más de 270 comunidades.

La mayoría de los ataques se concentraron en torno a Ramalá, Nablus y Al-Jalil, zonas que desde hace tiempo han sido blanco de la expansión de los asentamientos.

Mientras tanto, más de 1.000 palestinos han sido desplazados forzosamente este año en la Zona C, que representa aproximadamente el 60 % de Cisjordania y permanece bajo pleno control militar israelí. Se han demolido, confiscado o sellado casas, dejando a comunidades enteras sin refugio mientras “Israel” consolida un sistema de apartheid en todo el territorio.

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