Félix Abt (Forum Geopolítica).— La congelación indefinida de la UE y el plan de «préstamo de reparaciones» sobre 210 000 millones de euros en activos rusos son jurídicamente explosivos y políticamente divisivos. Sin embargo, los poderosos europeos en Bruselas, Berlín, París y Londres están decididos a sacarlo adelante, cueste lo que cueste.
El 12 de diciembre de 2025, la UE lanzó su maniobra financiera más audaz desde la Guerra Fría. El 11 de diciembre, los embajadores de la UE invocaron el artículo 122 del TFUE para congelar 210 000 millones de euros de las reservas del banco central ruso, de los cuales 185 000 millones se encontraban en Euroclear, en Bruselas.
Al convertir un régimen de sanciones, que requería una renovación unánime cada seis meses, en un mecanismo cuasi permanente aplicable mediante votación por mayoría cualificada, la UE ha eliminado efectivamente cualquier posibilidad de que esos activos regresen a Moscú, a menos que Rusia pague reparaciones completas a Ucrania, un escenario que los diplomáticos consideran extremadamente improbable.
¿“Préstamo de reparaciones” o expropiación legal?
Oficialmente, los activos están destinados a respaldar un enorme préstamo de reparaciones a Kiev, con intereses casi nulos, que podría alcanzar los 165.000 millones de euros. Ucrania solo lo reembolsaría si Rusia indemniza los daños de guerra.
En realidad, se trata de un sofisticado disfraz legal para una expropiación directa. No se trata de una gestión cautelosa de los fondos congelados, como recomendó el G7 en 2024. Es el equivalente funcional de la confiscación de bienes soberanos al más alto nivel.
Los activos de los bancos centrales gozan de inmunidad casi absoluta en virtud del derecho internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre la Inmunidad de los Estados (2004) lo establece. Funcionarios de la UE, el BCE, el FMI y Japón advierten: tocar el capital —o pignorarlo indefinidamente como garantía— constituye una expropiación ilegal. El préstamo de reparaciones previsto priva permanentemente a Rusia del valor económico de sus bienes, sin tribunales ni ley.
Bélgica, sede de Euroclear y custodio de la mayor parte de los activos congelados, se niega a colaborar. El primer ministro Bart De Wever exige un reparto claro de responsabilidades a nivel de la UE y garantías jurídicas rigurosas. Sin ellas, Euroclear no prestará ni un solo euro.
Esas garantías se están negando. Los funcionarios de Bruselas y las principales capitales saben que el plan no puede sobrevivir al derecho internacional. Un tribunal casi con toda seguridad fallaría a favor de Rusia. La responsabilidad conjunta expondría el riesgo y haría el proyecto políticamente imposible. Así que Bélgica tiene que asumir las consecuencias sola.
Coerción abierta
Ahora se ha quitado la máscara. Según diplomáticos de alto rango citados por Politico los días 11 y 12 de diciembre, Bruselas lanzó un ultimátum a uno de los seis miembros fundadores de la UE. Si Bélgica bloquea el acceso a los fondos rusos, la Comisión y los principales Estados «retirarán a los demás bandos».
Traducción: Bélgica será tratada como Hungría: excluida de la toma de decisiones, ignorada en las reuniones del Consejo, sus funcionarios aislados, convertida en un paria interno.
Esta coerción abierta revela la desesperación de la UE. Sin recursos rusos, la Unión no puede financiar el proyecto Ucrania a gran escala. Los presupuestos nacionales están vacíos o políticamente bloqueados. Los contribuyentes de Alemania, Francia y otros países rechazan otro cheque en blanco.
Sin los subsidios, Kiev se derrumba. El presupuesto civil, los salarios gubernamentales y el frente que avanza hacia ciudades clave fracasarán. Ni siquiera los políticos más comprometidos de la UE pueden negarlo: Ucrania ha perdido esta guerra.
Espiral de irresponsabilidad
Sin embargo, la UE persiste. Cada día extra cuesta vidas civiles, sacrificadas en el altar de la terquedad ideológica y la vanidad institucional.
Pero puede surgir una verdad imprevista: cuando la UE amenaza a un miembro fundador por defender el Estado de derecho, incluso los ciudadanos leales de la UE (no solo en Bélgica) verán el verdadero rostro de la Unión.
210.000 millones de euros se encuentran congelados en las bóvedas de Bruselas: legalmente inmovilizados, condenados por el BCE, el FMI y Japón, políticamente explosivos y moralmente radiactivos. Europa ha trazado una línea roja que no tiene derecho a trazar y está dispuesta a obligar a sus miembros a cruzarla.
El precio de esta arrogancia está llegando, y no se medirá sólo en euros, sino en los últimos vestigios de credibilidad de la UE y en la destrucción de la reputación de Europa como centro financiero seguro.
Nota del CEPRID: Este artículo fue publicado antes de la cumbre europea del 18-19 de diciembre, pero recalca lo analizado en el artículo que lo precede y que abre esta actualización de la página.
