Organizaciones políticas de América Latina y el Caribe emitieron una declaración conjunta en la que denuncian el “régimen de agresión integral” que el Gobierno de los Estados Unidos mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela, al que califican como una forma moderna de bloqueo con consecuencias humanas directas.
El documento, firmado por 15 partidos comunistas y movimientos de la región —entre ellos el Partido Comunista Colombiano, el Partido Comunista do Brasil, el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Comunista de la Argentina—, enumera seis ejes centrales de esta política unilateral: sanciones coercitivas ilegales, bloqueo económico y financiero, apropiación de activos venezolanos en el exterior, amenazas militares, injerencia política y campañas de desinformación.
Entre los firmantes también se encuentran el Partido Comunista de Ecuador, el Partido Comunista del Estado Plurinacional de Bolivia, el Partido Comunista de Honduras y el Partido Comunista Mexicano quienes en el texto denuncian las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. han sido “condenadas reiteradamente por organismos y relatores de Naciones Unidas” por constituir “castigo colectivo” y violar la Carta de la ONU, el principio de no intervención y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Además, en el texto se subraya que dichas sanciones no son “dirigidas”, sino que funcionan como un bloqueo generalizado que afecta el acceso a alimentos, medicinas, insumos médicos y repuestos industriales, obstaculizando también las transacciones financieras internacionales de entidades venezolanas.
El comunicado donde también participan el Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista de Uruguay, el Partido de la Revolución Morazanista (Honduras), el Partido del Pueblo de Panamá y el Partido Guatemalteco del Trabajo, denuncia, asimismo, el “apoderamiento y saqueo de activos del pueblo venezolano en el exterior”, incluyendo empresas estratégicas como CITGO y Monómeros, así como la retención de reservas de oro en el Banco de Inglaterra. Estos actos, sostienen los firmantes, constituyen “piratería moderna y robo de patrimonio público”.
En materia de seguridad regional, el texto advierte sobre la militarización del Caribe, destacando el despliegue de fuerzas navales estadounidenses, la realización de “operaciones conjuntas” y el preposicionamiento de “reservas de guerra”, junto con el apoyo a “células mercenarias y operaciones encubiertas”. Paralelamente, se critica la injerencia política directa, que se manifiesta en la “fabricación de gobiernos paralelos”, el financiamiento a operaciones de desestabilización y el uso del lawfare para socavar la institucionalidad venezolana.
La declaración donde además intervienen el Partido Vanguardia Popular de Costa Rica, el RASIN Kan Pèp La Haití, el CNCP Martinica y el Movimiento Caamañista República Dominicana, señala el rol de la guerra mediática y las campañas de desinformación, utilizadas, según los firmantes, para “justificar la agresión y socavar la cohesión nacional” en Venezuela.
Ante este panorama, los firmantes exigen el levantamiento inmediato, total e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales, la devolución íntegra de los activos retenidos, el cese de la militarización del Caribe y el respeto irrestricto a la soberanía y los procesos electorales en Venezuela. Además, rechazan la extraterritorialidad de la legislación estadounidense, que afecta a terceros países, bancos y empresas de la región.
El llamado se extiende a los gobiernos de Nuestra América para que no secunden sanciones extranjeras, restablezcan relaciones comerciales y financieras con Venezuela en monedas locales y promuevan en instancias regionales como la CELAC, el ALBA, la CARICOM y la UNASUR mecanismos que protejan a los países frente a agresiones externas.
Asimismo, se invita a sindicatos, parlamentos, organizaciones campesinas, feministas, juveniles, culturales y académicas a construir un frente continental anti-bloqueo, mediante campañas de formación, pronunciamientos y acciones coordinadas. Los medios populares y la comunidad cultural son convocados a “romper el cerco informativo” y visibilizar el impacto del bloqueo y el robo de activos.
Como propuestas concretas, los firmantes plantean la creación de un Mecanismo de Cooperación Humanitaria Soberana entre Estados y empresas públicas de la región para garantizar el suministro de bienes esenciales a Venezuela sin condicionalidades, así como la reactivación de acuerdos energéticos como PETROCARIBE. También proponen impulsar observatorios jurídicos nacionales contra la extraterritorialidad y el lawfare, y apoyar las acciones legales internacionales que emprenda Venezuela en busca de reparaciones.
“La defensa de Venezuela no es asunto de una sola nación: es la defensa del derecho de todos nuestros pueblos a decidir su camino sin bloqueos ni saqueos”, concluye el documento, que finaliza con las consignas: “¡Alto al bloqueo! ¡Devuelvan lo robado! ¡Fuera manos de Venezuela!”.
