El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) fue desarticulado por decreto del Gobierno argentino de Javier Milei, el 1° de enero de 2026, poniendo en peligro la atención de aproximadamente 7.000 bebés que nacen cada año en el país con malformaciones cardíacas.
Según especialistas y organizaciones de la sociedad civil, la medida amenaza con revertir avances sanitarios logrados desde 2008, cuando el programa comenzó a operar de forma federal.
“En Argentina nacen unos 7.000 niños al año con cardiopatías congénitas. Cerca del 50 % requiere cirugía en el primer año de vida”, recordó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) en un comunicado, destacando que “desde la creación del PNCC, la mortalidad por estas causas se redujo drásticamente” gracias a una red coordinada por el Estado nacional.
El PNCC contaba con 15 centros especializados distribuidos por todo el país, categorizados según su complejidad, y un equipo técnico de siete profesionales que garantizaban la derivación inmediata de pacientes a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria.
Este sistema permitía realizar alrededor de 800 procedimientos quirúrgicos anuales y gestionar más de 6.000 notificaciones de casos. Además, incorporó con el tiempo el diagnóstico fetal y la atención a embarazadas en riesgo.
Sin embargo, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, decidió no renovar los contratos de tres miembros del equipo coordinador, lo que provocó la renuncia colectiva del resto del personal. En una carta interna, María Eugenia Olivetti, una de las integrantes, informó que “el equipo médico del Centro Coordinador de Cardiopatías Congénitas ha sido separado de sus cargos” tras 15 años de trabajo conjunto.
Las consecuencias son inmediatas
Familias del colectivo Cardiocongénitas Argentina advierten que ya existen pacientes en lista de espera, situación inédita hasta el inicio de la gestión de Javier Milei. “Cuando asumió Milei la lista de espera para operarse era cero. Hoy ya hay pacientes en lista de espera”, denunció Lucía Wajsman, referenta del colectivo y madre de una adolescente con cardiopatía congénita.
Wajsman subrayó que “las cardiopatías congénitas son compatibles con la vida en un 95 % de los casos cuando se operan”, y lamentó: “Lo que se está desmantelando es el derecho a la vida de nuestros hijos e hijas”. También reveló que uno de los argumentos esgrimidos para el recorte es la supuesta baja en la natalidad: “Como nacen menos pibes, no se necesitan tantos profesionales. Es una vergüenza”.
El presidente Milei, en su etapa como diputado, ya había rechazado la Ley de Cardiopatías Congénitas (N° 27.713), aprobada en 2023, afirmando que “implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos y además implicaba más gastos”, y que su voto respondía “al ideario liberal”.
La FAC y colectivos de familias exigieron la reconsideración inmediata de la medida, al considerar que su eliminación “conlleva riesgos directos e inmediatos: aumento de la mortalidad infantil y ruptura de la Red Federal”.
Además, alertan que la decisión vulnera la Ley de Emergencia Pediátrica, que obliga al Estado a garantizar cirugías cardiovasculares pediátricas.
