Al participar este viernes en el encuentro de la Red de Jurista de Venezuela, el alto diplomático tildó de extrema gravedad la operación militar estadounidense que terminó con la vida de 47 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 32 combatientes cubanos y de civiles.
Gil subrayó que en la madrugada del 3 de enero se violaron de manera flagrante las normas del Derecho Internacional y como hecho inédito de la historia contemporánea representó una “herida de muerte” al sistema de Naciones Unidas.
El alto diplomático remarcó que la ONU está hoy en la mira porque los pilares que sustentaron su creación fueron violentados y trasgredidos flagrantemente en forma sistemática antes y en la operación, de lo cual, reafirmó, “ya no queda dudas ante el mundo”.
Al referirse al secuestro de Maduro, argumentó que no existe argumento jurídico que lo justifique y mencionó la inmunidad personal de los mandatarios como norma básica del derecho internacional que se rige por la voluntad soberana de su pueblo y no por el reconocimiento de otros gobiernos.
En tal sentido, aseveró que violar ese principio abre las puertas a un escenario de anarquía internacional, en el que prevalezca la ley del más fuerte, lo cual auguró de consecuencias imprevisibles para la estabilidad y la seguridad mundial.
Resaltó que la agresión militar contra Venezuela no representa solo un problema para el país, sino es una amenaza directa para el orden mundial construido tras la II Guerra Mundial, sustentado en la igualdad soberana de los Estados y en la resolución pacífica de los conflictos.
De manera especial, dijo, en un contexto marcado por profundas asimetrías de poder y la existencia de potencias nucleares. A juicio del canciller bolivariano, hay que dar la pelea en el orden jurídico, diplomático y a través del diálogo, y declaró que el retorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores “significará la victoria de la razón sobre las armas y de la vida sobre la muerte”.
La Red de Juristas de Venezuela organizó el encuentro este viernes con la participación de organizaciones de abogados, estudiantes, profesores universitarios, jueces, fiscales y defensores públicos provenientes de todos los estados del país, y autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y organismos del sistema de justicia.
