El expresidente de Rusia y jefe adjunto de su Consejo de Seguridad Nacional, Dmitri Medvédev, expresó este jueves que considera probable que Estados Unidos termine indultando al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue secuestrado junto con su esposa tras la agresión militar estadounidense contra la nación suramericana el pasado 3 de enero.
Apuntó que Washington «no tenía motivos para el uso legítimo de la fuerza militar en defensa propia» en Venezuela, ya que «no hay hechos universalmente reconocidos y confirmados de manera fiable que indiquen que Venezuela se estuviera preparando para una agresión deliberada contra el territorio soberano de EE.UU.«. Añadió que el derecho internacional no reconoce a supuestos hechos de narcotráfico como un indicio para un ataque armado.
Medvédev —que encabezó el Gobierno entre 2008 y 2012 y fue primer ministro hasta 2020— adelantó que el Presidente venezolano podría recibir un indulto del presidente Donald Trump o de su sucesor.
Medvédev vaticinó que el jefe de Estado venezolano será víctima de una persecución penal políticamente motivada con un desenlace obvio, concebida para escarmentar a los países que no se alinean con la llamada doctrina Donroe.
Calificó el secuestro del presidente Maduro y su esposa, diputada Cilia Flores, como “una violación salvaje del derecho internacional”, en un contexto en el que EE.UU. llevó a cabo una operación militar de gran envergadura contra el país suramericano. Esa acción incluyó bombardeos contra Caracas y otras áreas y culminó con el secuestro de la pareja presidencial y el asesinato de más de un centenar de personas.
Afirmó que «ninguna de las medidas contempladas en la Doctrina Monroe, que nadie reconoce salvo el propio Estados Unidos, ni la autoproclamada responsabilidad de Washington sobre el destino del hemisferio occidental, pueden servir de justificación para el deseo de ‘gobernar’ Venezuela desde el exterior».
Asimismo, refirió que ninguno de los delitos imputados por una corte de Nueva York al presidente Maduro y a su esposa por supuesto «narcoterrorismo» da a Washington el derecho a utilizar la fuerza preventiva contra un ataque inminente de un supuesto enemigo en el sentido del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Las imputaciones por narcotráfico y terrorismo impulsadas por la Fiscalía de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro son presentadas como parte de una maniobra destinada a criminalizar al jefe de Estado, al atribuirle delitos que no han sido sustentados con evidencias verificables, y presentar el ataque como una «operación policial» para evadir la rendición de cuentas ante el Congreso estadounidense.
Diversos Gobiernos y organizaciones internacionales han condenado lo ocurrido como una “violación de la soberanía” y una ruptura del marco del derecho internacional. Por su parte, Estados Unidos ha defendido la operación como parte de su supuesta lucha contra el narcotráfico y la criminalidad.
Sin embargo, esa justificación quedó desmontada ante los señalamientos de que el verdadero objetivo de Washington es apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, en particular su petróleo, y reafirmar su pretensión de tratar a América Latina como su patio trasero, narrativa que ha sido ampliamente cuestionada por actores globales y especialistas en derecho internacional.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos introdujo en enero un giro significativo en su acusación contra el presidente venezolano. La fiscalía dejó de sostener que el llamado “Cártel de los Soles” funcione como una organización criminal estructurada —una tesis que mantuvo durante años sin pruebas— y pasó a describirlo como un supuesto entramado de relaciones clientelares y corrupción dentro del aparato estatal venezolano.
La ofensiva contra Venezuela se produjo tras varios meses de escalada de tensiones, iniciadas en agosto con una amplia operación militar estadounidense en el Caribe. Dicho despliegue incluyó destructores, un submarino de propulsión nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 efectivos, además de múltiples ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, acciones que dejaron más de un centenar de personas muertas.
