La Confederación General del Trabajo (CGT) y múltiples sectores sociales se movilizarán este miércoles 11 de febrero hacia la Plaza de los Dos Congresos y diversos puntos de Argentina para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La principal central obrera denunció que esta iniciativa, que será tratada por el Senado, no representa una modernización, sino una transferencia de recursos del Estado a los sectores privados concentrados y un ajuste severo sobre los ingresos de los trabajadores y las provincias.
Bajo la consigna de que el trabajo no se negocia y los derechos se defienden en la calle, los manifestantes buscan presionar a la Cámara Alta para impedir lo que califican como un retroceso histórico en la legislación laboral argentina.
La jornada de protesta contará con la participación activa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ratificó un paro nacional de estatales para acompañar la movilización. A esta lucha se suman sectores específicos como los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes denuncian despidos persecutorios y un ajuste salarial asfixiante, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que rechaza la derogación del Estatuto del Periodista por considerarla un ataque directo a la libertad de expresión.
El debate en el Senado, compuesto por 72 legisladores, definirá el camino de una normativa que ataca el sistema de jubilaciones y facilita el ajuste sobre la clase trabajadora. Mientras el oficialismo busca la media sanción, el movimiento obrero advirtió que la magnitud de la movilización servirá como un mensaje contundente contra los intentos de soborno y especulación política.
Los trabajadores reafirmaron su voluntad de paralizar las actividades para evitar una reforma que, lejos de ofrecer libertad, profundiza la desigualdad y entrega la soberanía nacional a los intereses corporativos. Asimismo, cientos de trabajadores y trabajadoras colmarán la Plaza de Mayo para repudiar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La movilización, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), sindicatos, gremios y partidos de izquierda, denunció que la iniciativa de más de 150 páginas representa un retroceso histórico que vacía derechos básicos como el aguinaldo, las vacaciones pagas y los convenios colectivos. Tras la masiva presión popular en las calles, el Ejecutivo se vio obligado a anunciar que dilatará la votación del proyecto en el Congreso hasta febrero del próximo año.
Los manifestantes alertaron que la reforma pretende instalar una falsa paridad en la relación empleado-empleador, dejando al trabajador en absoluta desventaja al negociar individualmente condiciones de salida o períodos de prueba. El colectivo obrero realizó un énfasis en la importancia de la unidad sindical como respaldo ante los intentos del Gobierno de aprobar estas medidas «por debajo de la mesa» durante el periodo vacacional.
Los sectores en lucha ratificaron que defender las bases sindicales es vital para evitar que la precarización se extienda a toda la clase trabajadora, afectando incluso las jubilaciones y la calidad de vida de quienes dependen exclusivamente de un salario. Pese al anuncio oficial de postergar el debate legislativo, las organizaciones sociales se mantienen en alerta frente a lo que consideran una maniobra para desmovilizar el reclamo popular.
Los voceros del movimiento obrero enfatizaron que la lucha no solo es para frenar el ajuste, sino para recuperar derechos que han sido vulnerados en los últimos meses de gestión libertaria. Con la victoria parcial de haber frenado el tratamiento inmediato, la clase trabajadora argentina reafirma su poder de convocatoria y su rol como barrera contra las políticas neoliberales que buscan desmantelar el modelo social en beneficio del capital concentrado.
