Seis organizaciones profesionales del sector sanitario iniciaron una huelga de alcance nacional en protesta por la reforma del Estatuto Marco (EM), normativa que regula las condiciones laborales del personal médico y que muchos consideran fundamental para mantener la calidad asistencial.
La medida, promovida por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y respaldada por SMA, MC, AMYTS, SME y O’MEGA, contempló paros de una semana al mes entre febrero y junio, con fechas establecidas: 16-20 de febrero, 16-20 de marzo, 27-30 de abril, 18-22 de mayo y 15-19 de junio.
El conflicto se intensifica tras la firma, el 26 de enero, de un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF, que fue aprobado sin la participación de los convocantes ni de CIG-Saúde.
Los avalistas del pacto destacan avances como oposiciones periódicas para estabilizar plantillas, concursos de traslados permanentes, reducción de la jornada máxima a 45 horas semanales y limitación de la sobrecarga laboral, así como la reducción de guardias de 24 a 17 horas y mecanismos de redistribución de recursos ante exceso de carga asistencial.
Sin embargo, los sindicatos médicos denuncian que, pese a las mejoras introducidas por la reforma del Estatuto Marco, persisten condiciones laborales que consideran injustas y específicas para su colectivo.
Señalan que los médicos continúan cumpliendo largas guardias que no se remuneran adecuadamente ni computan para la jubilación, que su representación en las negociaciones con el Ministerio es limitada y que no se reconoce plenamente la singularidad de su profesión mediante un estatuto propio.
Reclaman además la equiparación salarial con estándares europeos, la conversión de horas extraordinarias en turnos voluntarios y mejor remunerados, y la posibilidad de compatibilizar cargos de jefatura con la práctica privada.
Javier Ortega, de Atención Hospitalaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), precisó que los facultativos pueden llegar a superar las 50 o 60 horas semanales, lo que refuerza la urgencia de revisar la organización de las guardias y los criterios de clasificación profesional según formación y responsabilidad.
Víctor Pedrera, secretario general de CESM, asegura que la reforma evidencia un modelo laboral que margina a los médicos y critica la fuga de profesionales hacia la sanidad privada, atribuida a condiciones laborales deficientes. «El Ministerio tiene solo dos opciones: o negocia con los médicos condiciones laborales dignas, o deja que la sanidad pública se quede sin médicos», afirmó. Néstor Morchón, vicepresidente del SME, coincide y propone un ámbito propio de negociación para garantizar la defensa de los derechos del colectivo.
Por otro lado, Jesús Jordán, de CCOO, considera que las movilizaciones son consecuencia de un proceso de negociación complejo y que las críticas no reflejan fallos estructurales del Estatuto. Según su análisis, la reforma amplía derechos, ordena condiciones laborales y abre nuevas fases de negociación en las mesas autonómicas, por lo que la solución está en fortalecer el diálogo y la pedagogía sobre el contenido de la norma.
Los representantes de SATSE, UGT y CSIF también valoran positivamente el texto, destacando la mejora de la seguridad jurídica, la cohesión del sistema y los avances en jornadas, descansos y movilidad del personal sanitario.
Desde el Ministerio de Sanidad, señalan que los principales puntos de desacuerdo con los médicos son la pretensión de un estatuto exclusivo y demandas que dependen de las comunidades autónomas, como retribuciones y plantillas.
